Los asesinatos de personas ambientalistas alcanzaron la cifra récord de 227 víctimas fatales en 2020, la mayoría en Colombia y México, según denunció este lunes (13.09.2021) la ONG Global Witness en su informe anual sobre estos ataques.
“Casi tres de cada cuatro ataques ocurrieron” en América Central y del Sur, según el documento. Colombia, con casi la tercera parte de los asesinatos (65), fue -por segundo año consecutivo- el país más letal para ambientalistas. México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17) y otra decena de naciones le siguen en el listado. Los centroamericanos Guatemala (13), Nicaragua (12) y Costa Rica (1) también figuran en el conteo, al igual que Argentina (1).
Entre las víctimas existen varias coincidencias: 70% de ellas trabajaban para frenar la deforestación y todas, menos una, vivían en países en desarrollo. La tercera parte pertenecía a pueblos originarios. En México, donde los ataques aumentaron 67% frente al año anterior, el pueblo Kumiai se organizó para denunciar que una empresa cervecera estaba acaparando el agua potable de su región. Oscar Eyraud, uno de sus líderes, fue asesinado en septiembre del 2020.
El informe señala que muchos Gobiernos “no están protegiendo a los defensores ambientales: en muchos casos perpetran violencia contra ellos directamente y en otros podrían ser cómplices de empresas” interesadas en silenciar a activistas.
Global Witness lleva la estadística desde 2012 y en los últimos tres años ha registrado un incremento sostenido de estos crímenes (167 en 2018 y 212 en 2019). Este año, pone el foco en “las industrias que están causando la crisis climática y los ataques contra defensores ambientales”, como se titula el informe.
La extracción de madera (23), la construcción de represas (20), la agroindustria (17) y la minería (17) son los sectores vinculados a la mayoría de los crímenes. “La exigencia de tener las mayores ganancias (…) al menor costo posible parece traducirse eventualmente en la idea de que quienes obstaculizan el proyecto deben desaparecer”, anota en el documento el ambientalista estadounidense Bill Mckibben.
Entre sus recomendaciones, Global Witness urge a Naciones Unidas que “reconozca formalmente el derecho a un medio ambiente saludable”, un “vacío protuberante” en el sistema actual de derechos humanos.
(dw.com)
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