Roma.- Los campamentos de gitanos en Italia, acusados de ser nido de delincuencia y segregación, están en el ojo del huracán luego que algunos de sus miembros se involucraron en hechos delictivos y de que fue revelada una mafia en Roma que lucraba con esos centros.
Una tragedia ocurrida el 27 de mayo pasado en Roma, cuando un automóvil conducido a alta velocidad por un adolescente gitano se pasó un alto y arrolló a nueve personas -una de ellas murió en el lugar-, provocó una ola de indignación y protestas que aprovechó el líder de la xenófoba Liga del Norte, Matteo Salvini, para pedir la demolición de los llamados campamentos nómadas.
Las redes sociales se llenaron de insultos racistas contra los gitanos, la comunidad étnica de más difícil integración, mientras en los medios se difundía la idea de que la situación en Roma era insostenible.
El más reciente reporte de la asociación 21 de Julio, que se ocupa de los derechos humanos de los rom y sinti, como también se denomina a esa etnia, indicó que en Roma reside una quinta parte de los gitanos de Italia en situación de precariedad de vivienda.
Son unas ocho mil personas que sobreviven en cuatro tipos diferentes de comunidades: dos formales, que cuentan con el visto bueno de la autoridad, denominadas “aldeas de la solidaridad” y centros de reunión de romaníes, uno semiformal (campamentos no equipados) y uno informal, es decir, ilegal.
Datos del mismo reporte señalaron que entre 2009 y 2011 fueron destinados recursos por casi 100 millones de euros (unos 112.8 millones de dólares) para el manejo de los campamentos, proyectos de educación, operaciones de desalojo y recolección de desechos.
Solo en 2014 los centros de reunión de romaníes en Roma costaron a los ciudadanos ocho millones de euros (unos nueve millones de dólares) un 30 por ciento más que en 2013, con un gasto anual del ayuntamiento de unos 33 mil euros (unos 37 mil dólares) por cada familia de nómadas hospedada y con resultados casi nulos en el frente de la integración.
La asociación 21 de Julio reveló que más del 90 por ciento de los recursos que el ayuntamiento invierte cada año en ese tipo de estructuras sirve para cubrir los costos de manejo y administración, mientras lo poco que queda es para financiar las políticas sociales.
Se trata de una cantidad de dinero que, obviamente, ha atraído la atención de la criminalidad, en este caso la llamada Mafia Capital.
Esta red criminal, enquistada en el ayuntamiento de Roma, dirigida por un exterrorista de extrema derecha y un empresario cercano a la izquierda, que según “escuchas” telefónicas, decían haber cerrado el año con ganancias por 40 millones de euros (45 millones de dólares), gracias al dinero desviado a los centros para inmigrantes y gitanos.
Los líderes de la banda criminal, considerada la quinta mafia italiana, fueron detenidos en diciembre pasado al lado de otras 37 personas, pero un segundo operativo a inicios de junio, en el que los arrestados fueron 44, hace suponer que la red aún no ha sido desmantelada.
El dinero que se mueve en torno a los campos gitanos no beneficia a las familias de esa etnia, que viven en condiciones de degradación, promiscuidad y falta de servicios, mientras los expertos repiten, desde hace tiempo, que esos centros son guetos y detonadores de malestar e ilegalidad.
Un reporte de los enviados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los definió como “enclaves de la segregación”, pese a lo cual en toda Italia se estima que en esos campamentos viven 40 mil gitanos, sobre una población total de esa etnia de 180 mil personas, equivalentes al 0.25 por ciento de los habitantes de la península.
La mitad de los gitanos en el país de la bota tiene la nacionalidad italiana, mientras el resto es originario de la ex Yugoslavia (en especial de Bosnia-Herzegovina), de Rumania o apátrida.
Para la asociación 21 de Julio la denominación “nómadas” con la que los gitanos son también llamados en Italia no es adecuada, ya que solo el 3.0 por ciento vive en viaje constante, mientras que la gran mayoría reside, como todos los italianos, en casas y departamentos.
El 60 por ciento de los gitanos son menores de edad y para los que viven en los campamentos los derechos básicos, como educación o salud, no están garantizados.
Uno de cada cinco niños gitanos nunca ha asistido a la escuela, mientras que el porcentaje de abandono escolar es del 50 por ciento en el paso de la primaria a la secundaria, llega al 95 por ciento en el bachillerato y las posibilidades de un joven gitano de ir a la universidad son casi inexistentes.
Además, residir en los campamentos significa para los menores tener peores condiciones de salud, una expectativa de vida inferior hasta en 10 años en comparación con el resto de los italianos y mayores probabilidades de terminar alejados de sus familias y entregados a los servicios sociales.
En ese contexto, el presidente de la asociación 21 de Julio, Carlo Stasolla, consideró que la tragedia del 27 de mayo pasado en Roma exasperó una situación ya muy delicada desde el punto de vista de la convivencia social.
Recordó que aunque en este caso sí hubo un hecho delictivo, en otras ocasiones ha habido revueltas contra los gitanos acusados de manera injusta.
Citó como ejemplo cuando en 2008 hubo una agresión popular contra un campamento rom en Nápoles en el que residía una mujer acusada falsamente de haber intentado robarse a un menor, o en 2011 en Turín, cuando hubo una expedición punitiva contra otro campamento por una violación inventada.
“La dinámica es la misma, se parte en un clima donde ya se ha sembrado odio y violencia, se toma como pretexto desencadenador un crimen individual para culpabilizar a toda una comunidad”, dijo.
Para Rosi Mangiacavallo, del Centro Europeo para los Derechos de los Rom, los campamentos gitanos “son lugares de segregación racial y violación de los derechos humanos”.
Además de “un obstáculo para toda forma de intercambio y conocimiento entre quienes están adentro y el mundo externo”.
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