Bogotá.- El conflicto armado colombiano dejó cada tres días, durante 2014, a dos mujeres violadas y la mayoría de estos casos están en la absoluta impunidad, denunciaron Ongs que presentaron el caso ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Durante el año 2014 una mujer fue violada cada 33 minutos en Colombia y la situación se repitió en dos casos cada tres días dentro del contexto del conflicto armado colombiano, que vive este países desde hace más de cinco décadas.
Además, según los casos reportados por las autoridades forenses en Colombia, durante los últimos 12 años, el 84 por ciento de las víctimas de violencia sexual han sido mujeres.
Estas escalofriantes cifras están contenidas en un informe del Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, Sisma Mujer y el European Center for Constitutional and Human Rights.
El documento concluyó que el Estado colombiano priva a las “mujeres de la protección de delitos sexuales y del acceso a jurisdicción que según normas nacionales e internacionales está obligado a garantizar”.
El fenómeno de la violencia sexual dentro del conflicto armado colombiano, fue denunciado por estas tres organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos humanos en este país suramericano.
Las organizaciones colombianas, en el documento que entregaron a la Fiscalía de la CPI, demuestran la situación de impunidad de los crímenes de violencia sexual contra las mujeres colombianas cometidos por las Fuerza Armadas y los otros actores de la guerra como son las guerrillas y los paramilitares de extrema derecha.
Las tres organizaciones instaron a la Fiscalía de la CPI, iniciar una investigación exhaustiva contra el Estado colombiano: “Si Colombia no puede o no quiere poner fin a la impunidad de la violencia sexual contra las mujeres, la CPI tiene la obligación de intervenir tal y como lo prevé el Estatuto de Roma”,
Sisma Mujer, el Colectivo de Abogados y ECCHR analizaron 36 casos de violencia sexual ocurridos entre 2002 y 2011. La conclusión de este análisis es que los delitos sexuales en el conflicto armado colombiano no son hechos aislados.
Estas violaciones forman “parte de la estrategia de las Fuerzas Armadas y deben ser considerados delitos de lesa humanidad. No obstante, la impunidad de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas es casi absoluta.
“Actualmente, Colombia cuenta con suficientes leyes que permitirían combatir la impunidad en casos de violencia sexual y de género, pero éstas no se aplican adecuadamente por el Estado”, aseguró la directora de Sisma Mujer, Claudia Mejía.
ECCHR, Sisma y CAJAR consideraron que las investigaciones de la CPI también pueden favorecer el proceso de paz en Colombia, ya que constituyen un avance en la búsqueda de la verdad y la justicia.
El presidente del Colectivo de Abogados, Luis Guillermo Pérez, aseguró que la independencia de la Fiscalía de la CPI, puede ayudar a evitar nuevos casos de violencia sexual y crímenes contra las mujeres.
En este sentido los directivos de las tres Organizaciones No Gubernamentales (Ongs) plantearon que el organismo internacional debe abrir “investigaciones contra los más altos responsables de crímenes internacionales, empezando por los agentes estatales”.
El Estado colombiano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, deben considerar si con estos delitos se han cometido crímenes de lesa humanidad, subrayaron las Ongs.
El informe recordó que en el 2008 la Corte Constitucional de Colombia, advirtió sobre el efecto desproporcionado sobre las mujeres tanto del conflicto como del desplazamiento forzado.
Para el máximo tribunal “las mujeres tienen un riesgo mayor de sufrir violencia sexual y los autores de dichos crímenes continúan en la impunidad”.
Las cifras y los relatos de las mujeres develan que “la violencia sexual en Colombia cometida en el conflicto armado por parte de todos los actores armados, es un elemento generalizado”.
“Esta situación la observamos con aún más preocupación porque las Fuerzas Armadas, encargadas de resguardar a la población civil, fueron identificadas como los agresores en más del 50 por ciento de los casos ocurridos entre los años 2004 y 2012”, puntualizó el documento presentado a la Fiscalía de la CPI.
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