Brasilia.- El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que le asegura mayoría en el Congreso con el liderazgo del diputado Eduardo Cunha y el senador Renán Calheiros, ha traicionado las causas que lo llevaron a apoyar a la mandataria.
Esto lo afirman quienes -surgidos del Partido de los Trabajadores (PT) al que pertenece Dilma Rousseff- la han apoyado al defender los principios en los que creyeron desde su fundación en 1980, entre otros los ecologistas que denuncian el modelo ambiental “depredador” del gobierno.
Esos militantes ambientalistas señalan la existencia de “otras prioridades”, pues dicen comprender que el mundo actual exige interpretaciones más complejas y, acusar a Cunha y Calheiros de traición o de hacer el juego de la derecha, “no deja de ser de una ingenuidad asombrosa”.
La izquierda que ha quedado al lado del gobierno, recuerda la importancia de discutir la corrupción en Petrobras y no otros temas, pero los ecologistas -que en Brasil son millones- reclaman que el mundo necesita reducir radicalmente sus emisiones de gases de efecto invernadero.
En medio del debate sobre las “roubaleiras” (latrocinios) en la empresa petrolera estatal, pocos señalan que, estimular el uso y la compra de coches gastando millones de dólares como lo hizo el gobierno federal brasileño, es contribuir en poco al combate al cambio climático.
¿Es más importante la corrupción en Petrobras como lo enfatiza el PMDB, o lo que ocurre en torno al uso del biodiesel, el etanol y las energías alternativas?, se preguntan con seriedad los militantes del Partido Verde (PV), del que formó parte la excandidata presidencial Marina Silva, si las condiciones ambientales y de movilidad y salud suelen castigar la vida de millones de brasileños.
Estimular el consumo de energía eléctrica y etanol como ha hecho el gobierno –dijo Marina Silva en su campaña como candidata a la presidencia de Brasil- es una irresponsabilidad no solo económica, sino social y ambiental, ya que estimula un modelo ambientalmente dañino y los recursos son caros y se acaban.
A diferencia del etanol, el biodiesel ha tenido un desarrollo moderado hasta el momento, pero la expansión de la soya y de los incentivos estatales prometen aumentar su importancia.
Una realidad insoslayable, dicen las legiones verdes, es que el modelo agroindustrial y la expansión del cultivo de soya, puede generar impactos indirectos, la afectación de áreas ecológicamente sensibles y, lo más grave, crear conflictos socio-ambientales.
Desde 2004 existe en Brasil el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel, que propuso implantar un plan de desarrollo sustentable de agrocombustibles a partir de aceites y grasas.
Se estipuló la mezcla del tres por ciento de biodiesel para 2008 y de cinco por ciento a partir de 2013, mediante un plan que prevé subsidios a la producción de biodiesel, diferenciados según la región, producto y tipo de productor primario.
La idea es promover el desarrollo de distintas oleaginosas -soya, girasol, ricino, palma, algodón y babasú-, adecuadas a las condiciones ambientales locales, además de grasas animales y aceites residuales.
El gobierno –calificado de “depredador” por ambientalistas de oposición- también busca favorecer un modelo productivo agrícola basado en la inclusión social, priorizando las pequeñas parcelas de tipo familiar y descentralizando la producción agroindustrial.
Pero los precios y la potencialidad de la soya, cuya colocación en el mercado mundial como harina o aceite supera ampliamente su conversión en biodiesel, ejercen una fuerte presión sobre los objetivos de las políticas públicas.
Tanto la superficie, como la producción de soya, se han duplicado en los últimos diez años, colocando a Brasil en segundo lugar mundial en producción (28 por ciento) y en exportaciones (32 por ciento).
Las necesidades actuales de biodiesel se cubren con el 7.0 por ciento de la producción soyera y, en los hechos, la mayor parte del biodiesel (80 por ciento) es generado a partir de la soya.
Los ecologistas de Brasil dicen que se ha consolidado un modelo de producción agroindustrial extensivo, mecanizado, con uso de variedades transgénicas que disparan intensas aplicaciones de agrotóxicos.
Como en otros países de África y América Latina –señalan documentos del Partido Verde de Brasil- cinco empresas trasnacionales controlan más del 50 por ciento del agronegocio soyero.
La expansión, por otra parte, ha tenido como impactos asociados la producción de soya en un importante ecosistema como el llamado Cerrado del centro de Brasil, así como el desplazamiento de la producción ganadera hacia él, provocando procesos de deforestación allí y en la Amazonia.
Este conflicto pondría en entredicho la reducción de las emisiones de CO2 generadas por el uso de agrocombustibles, ya que el promedio de carbono contenido sólo en la vegetación -sin contar el suelo- de una hectárea de selva es de 120 toneladas.
Su liberación a través de la quema equivale a las emisiones de CO2 de la combustión de 177 mil litros de gasolina, establecen los índices glosados en el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (www.biodiesel.gov.br/) del Ministerio de Agricultura de Brasil.