París.- El convenio de colaboración firmado esta semana por México y la OCDE busca “renovar” y “mejorar”, con las mejores prácticas, la legislación mexicana de lucha contra la corrupción, resaltó hoy el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.
En entrevista celebrada en esta capital, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) destacó el “Acuerdo sobre Combate a la Corrupción y Prevención de Conflictos de Interés” alcanzado por México con la OCDE.
“Con el acuerdo con la OCDE pretendemos aprender y tomar las mejores prácticas en materia de codificación y regulación de los conflictos de interés” en específico, explicó Andrade, quien dio seguimiento y rubricó el documento.
“Por otro lado, buscamos consejo para el desarrollo de nuevas reglas de integridad y de ética pública”, dos valores que Virgilio Andrade consideró muy necesarios en la lucha contra la corrupción pública y en su prevención.
“La OCDE ya había venido asesorando a México en distintas materias de la administración pública, pero ahora estamos en un momento en el que el país ha puesto al tema del combate a la corrupción como prioridad del Estado”, explicó Andrade sobre la motivación del convenio, que partió de una iniciativa presidencial.
“En ese sentido, es necesario que México conozca las mejores prácticas internacionales en relación con estas medidas para poder combatir la corrupción y para prevenir conflictos de interés”, puntualizó Andrade.
La OCDE, que dará seguimiento al convenio y a los resultados de la lucha de México contra la corrupción, que integrará en sus estadísticas y comparaciones, “tiene una experiencia en la lucha contra la corrupción y conflictos de interés desde 1998”, añadió.
Virgilio Andrade destacó que la OCDE, organismo del que forman parte las 34 principales economías mundiales, entre ellas México, “tiene mucha experiencia en el desarrollo de reglas para prevenir el conflicto de interés” y que en México falta definir más el fenómeno.
“En México ya hay dos normas, pero no se señala específicamente qué implica el conflicto o qué es el conflicto de interés. Entonces, conocer códigos de otras partes del mundo y métodos para saber en qué momento hay conflictos de interés es muy relevante”, subrayó.
En general, el titular de la SFP consideró que “las leyes en México son muy tradicionales, muy formales” en materia de lucha contra la corrupción.
Ahora “Se trata de construir reglas contemporáneas en materia de combate a la corrupción”, subrayó Andrade, quien el mes pasado se entrevistó con funcionarios de la OCDE en París para analizar el convenio, en vísperas de su firma en México.
Andrade dio cuenta durante la entrevista de las “acciones inmediatas” encargadas por el presidente Enrique Peña Nieto para la lucha contra la corrupción, así como la reforma constitucional en la materia que está en fase de desarrollo.
“El fin último de todos estos elementos es la recuperación y el fortalecimiento de las condiciones de credibilidad y de confianza del gobierno”, señaló Andrade al explicar que la reforma constitucional exigirá a los estados y entidades locales que se sumen a la lucha.
“México debe tener una reforma en profundidad no solo constitucional, sino dentro de la administración pública, como lo propuso el presidente, para tener nuevas regulaciones en materia de conflicto de interés, contrataciones públicas, transparencia y gobierno digital”, subrayó.
El titular de la SFP consideró en general que “el buen gobierno es fundamental para cumplir los compromisos presidenciales”.
De todas las reformas e iniciativas de lucha contra la corrupción destacó la creación de una fiscalía anticorrupción y la conformación de un Tribunal de Justicia Administrativa.
“Es un cambio muy importante porque hoy la SFP integra expedientes, establece sanciones, pero es cierto que para la eficacia el nuevo modelo planteado en la reforma constitucional dará mejores resultados”, estimó.
También consideró como “muy importante que un servidor público va a estar sujeto a rendir cuentas en los siete años siguientes a haber dejado su cargo”, cuando se implementen los cambios en la normativa.
Cuestionado por la necesidad de que el país cuente con una Secretaría de la Función Pública (SFP) que fue cuestionada en el pasado, Andrade la consideró “absolutamente indispensable”.
“El seguir día a día al gobierno es necesario (…) es una tarea permanente y monumental” concluyó.
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