Bogotá.- Una mega investigación se adelanta en Colombia para establecer la relación de la comercializadora de oro Goldex y dos empresas extranjeras que facilitaron el lavado de unos mil millones de dólares a través de la exportación de oro, reveló hoy El Tiempo.
En la investigación que adelanta la Fiscalía General se busca establecer la conexión directa o indirecta de la firma Goldex con dos multinacionales extranjeras, cuya identificación se mantiene en reserva, para facilitar las operaciones ilegales.
Bandas criminales del narcotráfico, guerrilla y sectores políticos se beneficiaron del lavado de dinero a través de las exportaciones de oro, subrayó el informe especial del influyente diario.
Las autoridades colombianas la semana del pasado 16 enero capturó a varios directivos de la firma Goldex, pero la principal detención fue la de John Úber Hernández Santa, considerado por los investigadores como el cerebro de la operación de lavado de dinero.
La fortuna del ejecutivo de la comercializadora Goldex fue estimada por los investigadores en unos 10 millones de dólares, que acumuló en sus operaciones ilegales a través de la compañía.
La firma Goldex “se habían convertido en la ‘fachada’ para realizar operaciones que servían a jefes de bandas criminales y a la guerrilla de las FARC y el ELN con oro extraído ilegalmente”, aseguraron los investigadores al diario.
Los nexos directos con estas organizaciones ilegales, están en el expediente de la Fiscalía General en donde” hay un listado completo de minas sin licencia en Ayapel y Puerto Libertador (Córdoba), Magangué (Bolívar), Caucasia y Tarazá (Antioquia), Montenegro (Quindió) y Tutunendo (Chocó), cuyo oro habría terminado en el exterior por las actividades de la firma Goldex”.
Un informe confidencial, conocido por El Tiempo, señaló que esas minas fueron despojadas a los propietarios de sus títulos por las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la banda del narcotráfico conocida como “Clan Usuga”.
Para los investigadores, en esta red criminal participaron de manera directa o indirecta autoridades locales y dirigentes políticos de las regiones.
“El otro capítulo es el de las autoridades locales, porque frente a este tema hay demasiadas omisiones que pudieron ser deliberadas”, señaló un vocero oficial de la Fiscalía.
Agregó que las investigaciones de “los tentáculos de la red incluyen nombres de servidores públicos, funcionarios judiciales y al menos dos empresas extranjeras que estarían facilitando esas actividades”.
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