Bogotá.- El escándalo por corrupción que sacude a la Corte Constitucional demuestra que este flagelo está enquistado en lo más profundo del Estado colombiano, y prende las alertas para una profunda reforma al sistema judicial, según expertos.
El efecto es tan grave para el sistema judicial y para la institucionalidad en Colombia, que el propio presidente Juan Manuel Santos anunció una serie de medidas para proteger al poder Judicial, que está en entredicho con el escándalo de corrupción en la cabeza del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt.
El caso surge después que magistrados del propio Tribunal Constitucional acusaron a su presidente de pedir unos 250 mil dólares para fallar una tutela a favor de una empresa petrolera que opera en esta nación sudamericana.
El suceso fue creciendo y aparecieron otros casos, más graves que conectaron a la familia Pretelt con negocios relacionados con los grupos paramilitares, lavado de activos y desplazamiento forzado.
La Fiscalía General de Colombia abrió una investigación al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, y su esposa Martha Ligia Patrón, por los presuntos delitos de lavado de activos y desplazamiento forzado.
La adquisición ilegal -por parte de los esposos Pretelt- de predios de campesinos que fueron víctimas de desplazamiento forzado por grupos de extrema derecha, es investigada por la Fiscalía General de Colombia y por la Comisión de Acusaciones del Congreso.
La Fiscalía General de la Nación estableció que el magistrado Jorge Pretelt y su esposa Martha Ligia Patrón adquirieron predios ilegales, producto del desplazamiento de los grupos paramilitares de extrema derecha en los años 2000 y 2003.
El caso Pretelt, como se conoce, es tan grave para el momento político en este país, que avanza hacia un acuerdo de paz con la insurgencia después de 50 años de guerra y que requiere de un sistema de justicia creíble e incorruptible.
La Corte Constitucional es un órgano que fue creado en 1991 cuando entró en vigor la Carta Magna que rige el ordenamiento institucional de Colombia, y hasta este escándalo, era considerada como “ una joya” alejada de la corrupción.
Pero la corrupción que investiga la Fiscalía General y el Congreso de Colombia es quizás más grave que el caso de dineros del narcotráfico en la campaña política por la presidencia en este país en 1994.
“!Aquí no hay intocables! No podemos tolerar -!y no vamos a tolerar!- el mínimo indicio de corrupción entre quienes detentan las mayores jerarquías de la Justicia o cualquier otra rama del poder”, fue la advertencia categórica del jefe de Estado.
Para Santos, “la ética -que a nadie le quepa duda- sí tiene mucho que ver con el derecho, con el bueno gobierno y con todo el funcionamiento del Estado”.
“Vamos a garantizar que todos los altos funcionarios del Estado sean investigados y acusados debidamente cuando cometan una falta. Vamos a corregir y hacer más eficiente la administración de justicia”, fueron las frases claves de la última alocución del jefe de Estado, que refleja la gravedad del caso Pretelt.
Estados Unidos reaccionó a este escándalo con la cancelación de la visa al magistrado Pretelt, de la misma manera que lo hizo en 1994 al entonces presidente Ernesto Samper, por los dineros del narcotráfico en su campaña electoral.
Cuando Washington toma una medida de esta naturaleza es porque tiene información clasificada y más en casos que están relacionados con el narcotráfico, que es un tema muy sensible en la agenda internacional de la Casa Blanca.
Todos los partidos, con diferentes matices, coinciden que la justicia en Colombia requiere de una reforma profunda e integral, y el único sector que manifestó apoyo y solidaridad con Pretelt es el derechista movimiento Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe.
La tesis del expresidente Uribe Vélez, y su movimiento, es que en Colombia existe “persecución política” contra ellos y sus alfiles en las estructuras del poder, como es el magistrado Pretelt.
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