Un total de 59 países, entre ellos Estados Unidos y varios centroamericanos y europeos, urgieron este martes al gobierno de Nicaragua a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas controversiales leyes que impedirían celebrar elecciones “libres”.
“La disolución arbitraria de los partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación”, dijeron los gobiernos en cuestión en su llamado, publicado en paralelo a una reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
“Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas, mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica”, concluyeron las 59 naciones.
Ortega genera más desconfianza tras la detención de casi 20 opositores
A cinco meses de las elecciones generales, las autoridades del régimen del presidente Daniel Ortega han detenido a 19 opositores, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia, el último de ellos la ex primera dama María Fernanda Flores, el lunes.
Estas detenciones, según los analistas, buscan despejar el camino para la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo al frente del país.
Ortega, de 75 años, encara una crisis política desde 2018, tras manifestaciones contra su gobierno que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió este martes a Managua a un “cambio urgente” de actitud en el proceso electoral y a “liberar” a los opositores detenidos “arbitrariamente” meses antes de las elecciones.
“Emplazo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral”, dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Asimismo, Bachelet pidió “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”.
La expresidenta chilena urgió a “cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.
(dw.com)
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