Phoenix.- Una audiencia judicial para determinar si se presentan cargos contra el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, se realizará en abril, como estaba previsto, luego que un juez federal rechazó una solicitud de sus abogados para cancelarla.
“Quiero dejar esto claro, la programación (de la audiencia) sigue siendo igual”, dijo el juez Murray Snow, de la Corte Federal de Distrito de Arizona, en Phoenix, al negar la víspera la solicitud de los abogados.
Los abogados de Arpaio habían pedido al juez cancelar la audiencia, luego que el pasado martes interpusieron una moción en la que Arpaio reconoce haber violado disposiciones de la Corte Federal para evitar usar criterios raciales y acepta ser sancionado por el desacato.
En mayo de 2013, Arpaio y la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa fueron declarados culpables de utilizar criterios raciales para detener a personas de origen hispano, por lo que se les ordenó implementar cambios en la corporación.
Sin embargo, tras casi dos años de que el juez ordenara dichos cambios, estos no han sido implementados.
Arpaio y su colaborador Gerald Sheridan admitieron haber incurrido en desacato en tres áreas, incluyendo el incumplimiento de la orden emitida por el juez Snow en diciembre de 2011 para detener la aplicación de la ley federal de inmigración.
En la moción, Arpaio y Sheridan reconocieron también no haber dado a conocer toda la información requerida en los procedimientos previos al juicio en el caso de perfil racial.
Además de que sus colaboradores en la corporación no siguieron correctamente la orden del juez para recabar los dispositivos de audio y de videograbación de los agentes.
Los abogados de Arpaio han propuesto al juez que el sheriff pudiera emitir una declaración pública admitiendo su culpabilidad, grabada en video, pero Snow señaló la víspera que prefería que Arpaio hiciera eso en la corte y también en otro lugar no especificado.
Arpaio también pediría a los funcionarios del condado establecer una suma inicial de 350 mil dólares para servir como un fondo de compensación para las víctimas confirmadas en el caso de perfil racial y “tratar de ajustar esta cifra” en caso de no cubrir la totalidad de las reivindicaciones.
El juez cuestionó si ese dinero vendría del presupuesto de Arpaio o de los contribuyentes.
Asimismo, manifestó su preocupación acerca de si todas las víctimas podrían ser identificadas y en el establecimiento de un límite en la cantidad de dinero necesaria para compensar a todas las personas que resultaron agraviadas.
“Estamos trabajando diligentemente para identificar a estas personas”, aseguró el abogado defensor de Arpaio, Michele Iafrate.
Arpaio y Sheridan ofrecieron también donar personalmente 100 mil dólares a una organización de derechos civiles con la misión de “proteger los derechos constitucionales y civiles de la comunidad hispana”.
La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), que representó a víctimas de criterios raciales en el caso original, dijo que la oferta es insuficiente y que la audiencia programada para abril daría acceso a información omitida en la moción de los abogados de Arpaio.
Arpaio no enfrenta aún ninguna acusación formal por desacato, pero la audiencia que se efectuará entre el 21 y 24 de abril próximo podría conducir a la formulación de cargos en su contra.
Steve Gallardo, uno de los supervisores del condado de Maricopa, consideró que la admisión de culpabilidad de Arpaio evidencia que debe ser removido de su cargo.
“Cada vez que tienes a un agente de la ley en posición de mando en el condado de Maricopa demostrando su desprecio a la orden de la corte federal, es hora de que se vaya”, sostuvo Gallardo.
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