Buenos Aires.- El ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 es una herida abierta en este país por la impunidad que han gozado los responsables de la muerte de 85 personas y del largo luto de familiares que aún esperan justicia.
La herida se reabrió este lunes con la muerte de Alberto Nisman, el fiscal especial de la causa AMIA que la semana pasada desconcertó a la comunidad judía argentina al denunciar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había pactado la impunidad con Irán.
Aunque la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) tomaron con cautela la acusación, dada su gravedad institucional por imputar como sospechosa a la presidenta, este día asumieron su estupor por la muerte del fiscal.
“Volvió a estallar la bomba de la AMIA”, resumió Julio Schlosser, presidente de la DAIA.
El atentado terrorista más grave de la historia de este país ocurrió la mañana del 18 de julio de 1994, cuando una bomba estalló en la sede de la AMIA, ubicada en un céntrico barrio comercial de Buenos Aires.
Apenas dos años antes, Argentina había sufrido su primer ataque terrorista en la sede de la Embajada de Israel, en donde murieron 29 personas.
Las investigaciones estuvieron plagadas de irregularidades desde el principio, aunque se determinó que había una “conexión local” integrada por argentinos que se coordinaron con la “conexión internacional” formada por terroristas iraníes.
Después del ataque, fueron procesados Carlos Telleldín, ladrón de autos, y 21 ex policías, entre ellos el ex comisario de Buenos Aires Juan José Ribelli, todos acusados de haber colaborado en la entrega de la camioneta que se usó como coche bomba por los terroristas.
Los acusados fueron absueltos en 2003, aunque después la Corte Suprema de Justicia anuló ese fallo y Telleldín tendrá que enfrentar un nuevo juicio que podría comenzar este año.
Uno de los motivos de la absolución fueron precisamente las anomalías e ilegalidades con la que se llevó a cabo la investigación, como el soborno por 400 mil dólares que el juez Juan José Galeano ofreció a Telleldín para que hiciera una declaración manipulada.
Con ese dinero, Galeano, quien fue el primer juez encargado de la causa, buscó que Telleldín involucrara a unos ciudadanos paraguayos en el atentado, maniobra que se frustró cuando salió a la luz un video que probaba la entrega del soborno.
Nisman, el fiscal cuya muerte conmocionó a los argentinos, también procesó al ex presidente Carlos Menem (1989-1999) y su hermano y entonces secretario Munir Menem, a quienes acusó de haber entorpecido la investigación.
También acusó al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia y su segundo, Hugo Anzorreguy y Carlos Anchezar; al ex comisario Jorge Palacios, al destituido juez Juan José Galeano, a los exfiscales Federales Eamon Mullen y José Barbaccia, y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja.
Todos ellos, aseguró, “encabezaron una compleja maniobra de encubrimiento, pergeñada desde los más altos estamentos políticos de la época, dirigida a entorpecer y abortar la investigación de uno de los hechos más graves que recuerde la historia reciente de nuestro país”.
Del lado de la “conexión internacional”, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral emitió órdenes de captura internacional en contra del expresidente iraní Ali Akbar Rafsanjani, el exministro de Seguridad Alí Fallahiján, el excanciller Alí Velayati y el exjefe de Guardia, Moshen Rezahi, al imputarles el atentado.
La lista de prófugos se completó con el exjefe de la Fuerza Al Quds Ahmad Vahidi, el exconsejero Cultural iraní en Buenos Aires, Moshen Rabbani, el exembajador Hadi Soleimanpour y el exsecretario en la Embajada en Argentina, Ahmad Ashgari.
Pese a la larga lista de acusados, casi 21 años después ninguno de ellos está en la cárcel y los iraníes cuentan, además, con la protección de su gobierno que se negó sistemáticamente a colaborar con la justicia argentina.
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