Nueva York.- El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, alertó sobre el poder de las corporaciones en el diseño de acuerdos comerciales internacionales, mediante los que buscan imponer “cambios fundamentales” para su beneficio en los sistemas legales nacionales.
En una columna publicada esta semana en “The Project Syndicate”, Stiglitz explicó que estos convenios comerciales, como el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), van mucho más allá del comercio.
Manifestó que estos pactos pretenden también regular las inversiones y la propiedad intelectual y que “imponen cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de un país, sin intervención o rendición de cuentas mediante las instituciones democráticas”.
Advirtió que el aspecto más insidioso de estas alianzas es el que concierne a la protección del inversionista y que no sólo se trata de defender empresas contra eventualidades como expropiaciones, contra las que ya existen seguros.
“La intención real de estas disposiciones es impedir regulaciones de salud, ambientales, de seguridad y, claro, incluso financieras, que están diseñadas para proteger a la propia economía estadunidense y a sus ciudadanos”, señaló Stiglitz.
El economista apuntó que bajo estas disposiciones, las compañías pueden demandar a los gobiernos de los países donde operan por cualquier reducción en sus utilidades proyectadas a futuro como resultado de cambios en la regulación.
El Premio Nobel aseveró que esto no es sólo una posibilidad teórica, sino que ahora mismo la tabacalera Philip Morris está demandando a Uruguay y a Australia por requerir etiquetas de advertencia en sus empaques de cigarros más severas que las de Estados Unidos.
“En el futuro, si descubrimos que cualquier otro producto causa daños a la salud (piénsese en el asbesto), en vez de enfrentar demandas por los costos que se nos imponen, el fabricante puede demandar a gobiernos por restringirlos para que maten a más personas”, aseguró.
Stiglitz sostuvo que como parte del equipo asesor del gobierno del expresidente Bill Clinton, logró repeler una iniciativa similar en acuerdos comerciales, pero que ahora los mismos grupos privados pugnan de nuevo por ella, en provisiones que “en su mayoría son mantenidas en secreto del público”.
Las disposiciones llaman además por procesos de arbitraje privados poco transparentes para resolver disputas, además de que impiden que las corporaciones puedan ser demandadas por violaciones de sus compromisos, ya sea laborales o ambientales, entre otros.
“Los ciudadanos, sindicatos y los grupos de la sociedad civil no tienen recursos legales. Si alguna vez existió una mecanismo de resolución parcial que viola principios básicos, es éste”, resaltó el economista.
Apuntó que ya escribió al presidente Barack Obama, junto con expertos legales de las universidades de Harvard, Yale y Berkeley, para advertirle de lo peligroso que son estos acuerdos para los sistemas de justicia.
“La pregunta es si debemos permitir a las ricas corporaciones usar disposiciones escondidas en los así llamados acuerdos de comercio para dictar cómo viviremos en el siglo XXI. Espero que los ciudadanos de Estados Unidos, Europa y el Pacífico respondan con un sonoro no”, enfatizó Stiglitz.
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