>La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez, destrabó un asunto que por acciones o por omisiones se le complicado al gobierno federal.
El martes pasado, trabajadores de los tres sindicatos de Mexicana de Aviación bloquearon todos los accesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en demanda de la destitución del subsecretario de Transporte de la SCT, Felipe Duarte, y del director la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia Gerardo Sánchez Henkel.
Vélez llevó el conflicto a sus oficinas de la STPS; en una mesa, como hacía meses no ocurría, se sentaron todos los protagonistas del conflicto, desde el secretario Dionisio Pérez Jácome, hasta el juez del Concurso Mercantil, Felipe Consuelo Soto y el conciliador y administrador –es un decir, desde luego- de Mexicana, Gerardo Badín.
De la reunión se desprendieron tres acuerdos que evitaron que ayer fuera bloqueada nuevamente la SCT.
El primero de ellos fue que el juez Consuelo Soto, se comprometió a que si a las 15:00 horas de ayer el grupo interesado Med Atlántica en la compra de la aerolínea no comprobaba la existencia de los recursos, él, en ejercicio de sus atribuciones, solicitaría formalmente a las autoridades bancarias que en término de 24 horas le informaran de manera oficial el status de los recursos que ofrecieron para capitalizar la empresa.
El plazo se cumplió pero Consuelo Soto no solo no solicitó la información sobre lo recursos, sino que en reiteradas entrevistas de radio desconoció el acuerdo firmado ante los secretarios de Trabajo y Comunicaciones y los sindicatos de Mexicana.
¿Qué pues se puede esperar de este conflicto si por todos lados se desconocen acuerdos a pesar de que se finge interés en resolver el problema que amenaza la estabilidad de más de 8,000 familias?
Lo que habría que destacar, además del incumplimiento del juez, es que por primera vez en meses, se restauró la mesa de diálogo, en buena medida gracias al oficio de la señora Vélez Juárez.
La pregunta es por cuánto tiempo se mantendrá dicha mesa.
>La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permitiría la aplicación de la Ley de Extensión de Dominio “por presunción”, al margen de los procesos penales que se sigan a inculpados.
Es decir, que una denuncia anónima o policiaca, podría provocar que se iniciara un juicio de extinción de dominio sobre vienes muebles e inmuebles, independientemente del curso que siga un juicio penal.
Esto tiene que aprobarse aún en el pleno de los diputados pero, como está redactada, la iniciativa aprobada ayer conlleva el riesgo de que personas que hayan arrendado casas o departamentos que luego hayan sido utilizados para delitos pierdan sus posesiones.
O lo que es lo mismo, “fusílenlos después virigüen”. Así no.
>Los coordinadores parlamentarios en la Asamblea Legislativa acordaron practicar una auditoría externa al ejercicio del gasto de toda la legislatura. Bien. Ojalá cundiera el ejemplo.
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