El operativo policiaco iniciado ayer en las 32 entidades del país es más una respuesta política al gobierno federal, que una política de seguridad duradera.
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), decidió en abril que había que responder a los señalamientos del gobierno federal que acusa sistemáticamente a los gobiernos estatales de no hacer su tarea en materia de seguridad.
Por ello se decidió aplicar un operativo de una semana y destinado al combate de delitos del fuero común como robo de autos, de autopartes, asalto a transporte de carga y de pasaje, secuestro, portación de arma y asaltos sexuales.
Además, las Procuradurías de Justicia de las 32 entidades se comprometieron a cumplir las órdenes de aprehensión –o mandatos judiciales-, que tienen pendientes desde hace meses o años.
La idea es buena, pero no es una estrategia definitiva que vaya a ser adoptada por todos los estados; es un experimento mediante el cual los gobernadores buscan mostrar unidad ante los señalamientos del gobierno federal.
Y si bien el presidente Felipe Calderón hizo ayer un reconocimiento a este esfuerzo, al interior del gobierno federal persiste la idea de que varios gobernadores de oposición nomás no quieren cumplir la parte que les toca en el combate no a la delincuencia común, que es su tarea, sino en la lucha contra la delincuencia organizada.
¿Habremos de ver un ejercicio conjunto entre el Ejército, la Policía Federal y las 32 entidades federativas? Estaría bien.
Algo está pasando en el Instituto Federal Electoral (IFE), que sus apariciones en los medios de comunicación poco tienen que ver con el cumplimiento de sus deberes y más con sus escándalos.
Porque no puede llamarse de otra manera el hecho de que el IFE, bajo quién sabe qué argumento, pretende reglamentar el derecho de réplica de los partidos políticos, candidatos o precandidatos cuando se sientan agraviados por un artículo, noticia, editorial, comentario e incluso un párrafo en cualquiera de los géneros periodísticos conocidos ya sea en radio o televisión o prensa escrita.
El encargado de redactar en engendro es Alfredo Figueroa, que encabeza la Comisión de Quejas del IFE, pero no se sabe a título de qué o por qué decidió –quizá con el aval del consejero presidente Leonardo Valdés- incursionar en aguas pantanosas.
La Ley de Imprenta ya contempla ese derecho que, al parecer, a los consejeros del IFE les es insuficiente para dar gusto a los partidos políticos. Ojo, no es un asunto menor.
Se veía venir la réplica de los priístas al presidente Calderón por haber señalado a su partido como el origen de todos los males del país.
Algo debe querer evitar Calderón que ayer envió a través de su cuenta personal de Twitter una no disculpa pero con la liga al video de su discurso con la explicación de que, vista la imagen, se entendería el contexto de su discurso.
¿Qué será?
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