Si de verdad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a cargo de Gerardo Ruiz Esparza realmente busca desenmascarar las probables transas de la empresa OHL, no tendría que batallar mucho.
La filial mexicana de la constructora española, ha sido exhibida nuevamente a través de audios subidos a las redes sociales de forma anónima, tramando una red de corrupción que involucra ahora a magistrados que llevaron -¿o llevan?- juicios promovidos por la firma.
Las preguntas tendrán que comenzar desde luego en el estado de México, en donde OHL ha sido la constructora consentida, incluso por encima de Grupo Higa, la empresa propietaria –y constructora- de la llamada “Casa Blanca’’ cuya propiedad se atribuyó Angélica Rivera, esposa del presidente Peña.
Los millonarios contratos adjudicados a OHL serán auditados, según anunció la SCT ayer, para comprobar que la asignación fue apegada a la ley.
Sin embargo, el problema no pasa por la adjudicación de los contratos, sino de las tranzas evidenciadas en los audios para sangrar al erario modificando los títulos de concesión para cobrar millones de dólares por obras que no se han realizado y que quizá jamás se realicen.
Sobre cómo se manipularon las cifras de aforo vehicular, como se inflaron los precios de las obras viales para obtener una ganancia ilícita y cómo se las ingeniaron para ocultar información a las autoridades –es un decir- del estado de México, sobre eso tendría que haber información clara y transparente.
Lo demás es pirotecnia política.
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Por cierto y muy ad hoc, el presidente Enrique Peña promulgará hoy la llamada Ley Anticorrupción, con la que se pretende acotarla.
Qué mejor momento para demostrar que el asunto va en serio que las auditorías anunciadas por la SCT a la empresa OHL.
Por cierto, y a diferencia de los audios anteriores que denotaron la crisis de credibilidad de la constructora, en las grabaciones exhibidas ayer se hace referencia directa a que el director de la filial mexicana, Juan José de Oteyza, no solo estaba enterado sino era quien autorizaba los sobornos para “los magistrados’’ mencionados al menos en dos ocasiones.
La SCT ya dijo que hará una investigación, pero el Consejo de la Judicatura nomás hizo mutis ayer.
A ver si hoy se pronuncia al respecto.
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A todo mundo sorprendió el nombramiento de Ricardo Luis Antonio Godina como encargado de despacho de la dirección del ISSSTE, en sustitución del recién fallecido Sebastián Lerdo de Tejada.
El poblano Godina fue –es- socio de Lerdo de Tejada en la empresa Lerdo de Tejada – Godina, Lobbying México. Pero más allá de esa cercanía no se conoce que tenga conocimientos sobre el sistema de salud federal.
Como sea, es encargado de despacho. ¿O será que lo andan promoviendo tan temprano para la candidatura al gobierno de Puebla? Pero si eso no pasa en México.