Puede ser una medida efectista si, en el corto plazo, no se ven resultados que beneficien a la población, pero lo cierto es que el anuncio de Miguel Ángel Mancera de renunciar a todo su gabinete legal es histórica.
No había ocurrido en el país que un jefe de gobierno o gobernador haya tomado una decisión de esa naturaleza, en pos, evidentemente, de relanzar su gobierno.
Mancera tiene claro, clarísimo, que en las condiciones actuales, no le alcanza para ser candidato presidencial, con o sin partido.
Por eso la decisión de renunciar para evaluar a sus secretarios de gabinete, no solo por los malos resultados electorales para el que todos suponen su partido, el PRD, sino para reordenar la estrategia que le permita llegar al 2018 en condiciones de competir por la Presidencia de la República.
Ayer, después del anuncio, algunos analistas consideraron que se trata de una medida “efectista’’.
En las manos de Mancera está lograr que no sea así.
Se criticó, por ejemplo, que no se conocieran los parámetros sobre los cuáles se aplicaría la evaluación ni quien la haría.
Los criterios son simplemente la eficiencia y los resultados; eso no solo el jefe de gobierno del DF sino la ciudadanía en general la puede hacer; Mancera calificará, como el jefe que es, la eficiencia de sus subordinados.
Y como él será el juez, sobre él recaerá la responsabilidad de los eventuales cambios y las permanencias en el gobierno de la capital.
No se hagan bolas, quienes están por irse son perfectamente visibles; Mancera apunta al 2018 y lo hace relanzando su gobierno con una decisión, por varias razones, históricas.
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Si cada uno de los secretarios del gobierno del DF respondían a cuotas para las corrientes perredistas, falta conocer la reacción de esas mismas tribus.
Porque, a menos que Mancera haya pactado con la cúpula perredista, el riesgo de una reacción adversa a la medida anunciada por el jefe de gobierno es grande.
Y peligroso para las aspiraciones del actual jefe de gobierno.
Por cierto, ayer quedó claro que el hombre fuerte de Mancera es su secretario particular, Luis Serna, sobre quien descansan responsabilidades mayores al cargo que formalmente ocupa.
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Creíamos que la justicia se aplicaría por fin en el estado de México, a los cuatro ministeriales detenidos por haber torturado a tres mujeres sobrevivientes de la matanza en Tlatlaya.
Pero todo fue una ilusión.
Los cuatro sujetos fueron dejados en libertad por un juez de control debido a que en el estado de México ¡la tortura no es un delito grave!
De acuerdo con la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado de México, vigente desde ¡1994!, solo se contempla una pena que va de los 3 a los 12 años de prisión.
Así que los sujetos en cuestión depositaron una fianza de 60,000 pesos y se fueron a sus casas como si nada.
Y aún cuando el juez que lleva el caso determine que son presuntos responsables, podrán llevar su caso en libertad.
Ello explica el ambiente de impunidad y terror que priva en buena parte del territorio del estado de México.
Qué pena. Qué pena. Qué pena.
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