Chilapa, Guerrero, amenaza con convertirse en un nuevo Ayotzinapa si realmente hay 30 desaparecidos como denunció ayer un grupo de habitantes del municipio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
De acuerdo con la denuncia, estas 30 personas, fueron “levantadas’’ por el grupo de “autodefensas’’ que tomaron el pueblo la semana antepasada, ante la mirada complaciente de militares y policías federales, incluidos los de la Gendarmería.
A diferencia de Michoacán, en Guerrero la constitución local valida los grupos de autodefensas; quizá por ello los elementos de seguridad federal que llegaron a Chilapa ya que el pueblo había sido tomado, se limitaron a ver.
La denuncia de la desaparición de estas 30 personas, sin embargo, tiene elementos que por lo menos permiten la duda.
Primero fue presentada cuatro –cuatro- días después de que este grupo de “autodefensas’’ se retiró del municipio; ¿por qué no se hizo inmediatamente después?
Se acusa de que hubo “levantones’’ y otros hechos ilícitos en contra de la población, pero éstos tampoco fueron denunciados a los federales que se encontraban en el pueblo, siquiera para dejar constancia.
No se conocen los nombres de los supuestos levantados ni su ocupación o cargo; el presidente municipal –del PRI-, ni ata ni desata más preocupado por su seguridad que por el gobierno local –y ya no se diga de sus gobernados- y el gobierno del estado literalmente no existe.
En Chilapa se enfrentan, cotidianamente, dos grupos de narcotraficantes, “Los Rojos’’ y “Los Ardillos’’; supuestamente, la irrupción del grupo de 300 autodefensas fue para presionar a las autoridades federales para que apresen a los líderes de los colorados.
Pero, como sucedió en Michoacán, no está claro si este grupo de 300 trabaja para alguno de los cárteles locales o si están infiltrados; no se sabe si lo que quieren es reventar la elección para favorecer a un candidato en particular o si su demanda es legítima.
Para citar al clásico, “haiga sido como haiga sido’’, Chilapa es un foco rojo para el gobierno federal.
Porque ya con 43, el país está como está.
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Otra multa al Verde.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso sancionar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el incumplimiento de medidas cautelares relativas al retiro de propaganda fija relacionada con vales de medicina y otros temas.
En pocas palabras, que el Verde no retiró a tiempo la publicidad fija relacionada con su campaña de vales de medicina, entre otros.
El proyecto aprobado plantea una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de casi 115 millones pesos.
El caso será analizado en la sesión del Consejo General del INE este miércoles.
Independientemente de los criterios de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para establecer las multas al Verde, no ha quedado claro en cuál apartado de la ley electoral se establece que los spots de los informes de legisladores no puede ser utilizados como spots de campaña.
Las declaraciones de algunos consejeros electorales se han referido a la “estrategia de comunicación’’ del Verde, pero ellos no están allí para calificar de buena o mala una estrategia, sino de legal o fuera de la norma legal.
Como sea, el Verde parece que sumará otra multa.
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El titular de la Financiera Nacional de Desarrollo, Juan Carlos Cortés, y la representante en México del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Gloria Abraham, firmaron un convenio de colaboración que contribuirá al diseño de nuevos programas de financiamiento y agronegocios.
Cortés aseguró que el sistema financiero es clave para el desarrollo del sector agropecuario, de ahí la importancia de orientar el financiamiento hacia los sectores que más lo requieren, como los pequeños y medianos productores.
Si usted es productor, micro, pequeño o mediano, valdría la pena que se acercara a la Financiera, le sorprenderá el trabajo que se está haciendo ahí.
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