Nada, absolutamente nada, garantiza que el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros no resulte una copia de la “elección’’ de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Para dar un poco de credibilidad a la farsa que terminó con la reelección de Rosario Piedra Ibarra, la aspirante peor evaluada hasta por los morenistas que le hicieron el examen, Morena y sus socios aprobaron una convocatoria y con ella los requisitos que debían cumplir los aspirantes.
Juraron y perjuraron que no habría simulación, que todo el proceso era transparente y hasta se inventaron el cuento de “parlamento abierto’’ para reafirmar el compromiso con la legalidad y la transparencia.
Todo iba más o menos de acuerdo al guión, hasta que Javier Corral, a quien Morena perdonó todos sus pecados, tuvo que tragar sapos y obedecer la orden de incluir a Piedra Ibarra aún con las peores calificaciones.
Corral, el impoluto, el expanista que se vendía como adalid de la verdad y la justicia, aceptó la orden presidencial con las consecuencias ya de sobra conocidas.
Algo tendrá en la conciencia el chihuahuense que, siendo presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, su voz estuvo ausente del debate del martes pasado.
Toca el turno ahora a la “selección’’ (ajá) de los futuros juzgadores del país.
A pesar de que falta poco más de una semana para el cierre de registros de los aspirantes, las plataformas en dónde se pueden dar de alta no presentan saturación, por el contrario, hay una especie de apatía del sector supuestamente interesado, y no por los requisitos.
Tal vez, y solo tal vez, quienes cumplen con las convocatorias saben que si no llegan apadrinados por un personaje del partido mayoritario o del gobierno, no tendrán mayores posibilidades.
Es pronto para anticiparlo, pero como se ha visto hasta ahora el registro, quién sabe si se llegue a completar el número de candidatos a los puestos judiciales en disputa.
Porque no hay garantías de un proceso de selección transparente; como ya se vio en el caso de la CNDH, todo puede acabar en una simulación y podrían llegar a las urnas solo los bendecidos por el dedo guinda.
La gran pregunta que la sociedad debe hacerse es si, a pesar de los antecedentes, debe alentarse la participación ciudadana en el concurso para las plazas de jueces, magistrados y ministros.
Participar conlleva un riesgo, pero no hacerlo sería claudicar ante un gobierno que busca el absolutismo.
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La nota del día fueron las declaraciones del “vetado’’ embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien acusó que López Obrador se negó a recibir la ayuda económica ofrecida por su país para el combate a la delincuencia.
Salazar, quien seguramente vive sus últimos días como representante diplomático estadounidense, también cuestionó las cifras sobre violencia que ofrece diario el gobierno.
Seguro hoy será acusado de intervencionista, fifí y derechairo conservador, neoliberal y amante de las corridas de toros.
Solo hay que recordar que López Obrador fue el que obligó a los agentes de la DEA a reportarse, cada mes, a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Si lo hicieron o no, es otro cuento, pero ese fue el requisito de la 4T para que “trabajaran’’.
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Javier May, gobernador de lo que queda de Tabasco, dijo en conferencia que “todos saben’’ (en el estado), quién es el líder del grupo criminal “La Barredora’’, asociada al Cártel de Sinaloa.
Por ahí le gritaron el nombre de Hernán Bermúdez, secretario de seguridad pública de Adán Augusto López y el gobernador asintió.
Upsss.
@adriantrejo
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