La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá a partir de hoy, la constitucionalidad de las leyes de “protección a la vida” votadas a favor por 15 Congresos estatales.
En términos prácticos, lo que la Corte discutirá es la constitucionalidad de los castigos penales que reciben en esos estados las mujeres que deciden interrumpir su embarazo; abortar pues.
El ministro ponente, Fernando Franco González, es quien propone que se declaren inconstitucionales las reformas aprobadas por esos Congresos porque “son violatorias de los derechos de la mujer”.
Lo que argumenta el ministro Franco, es que dichas leyes inhiben el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre el espacio que conceden entre la concepción de uno y otro hijo.
Es decir, que los derechos de la mujer, que ya es un sujeto jurídico, no podrían estar los derechos de un cigoto, embrión u óvulo fecundado, que puede ser un sujeto biológico pero no jurídico de acuerdo con la explicación técnica del asunto.
Si nos atenemos a los antecedentes, habría que esperar que la Corte votara a favor del proyecto del ministro Franco; así ocurrió cuando se convalidó la decisión de la Asamblea Legislativa del DF de despenalizar el aborto siempre y cuando éste ocurra durante las 12 primeras semanas de gestación.
“La SCJN no penaliza ni despenaliza el aborto. No es facultad de este tribunal constitucional establecer los delitos de las penas. Hemos determinado únicamente la constitucionalidad de una norma aprobada por el órgano respectivo y hemos participado en una definición de trascendencia nacional”, dijo entonces Guillermo Ortiz Mayagoitia, ministro presidente de la Corte.
La ley quedó avalada con una mayoría de ocho votos en contra del proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que proponía declararla inconstitucional.
Hoy, sin embargo, la composición de la Corte ha cambiado; tres de los ministros que votaron a favor ya no están. El asunto es verdaderamente polémico, más allá del debate ético, que no tiene fin, pero también tiene su veta política porque está por verse si la Corte está por encima de las decisiones de los Congresos de los estados que presumen en sus escudos “libre y soberano”.
A ver.
Por cierto, habrá que ver cuál es el sentido del voto de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien votó a favor de la reforma en el DF el 28 de agosto del 2008.
La ministra votó a favor junto con su compañera Margarita Beatriz Luna Ramos.
La pregunta tiene sentido no solo por las variaciones de la posición de la ministra Cordero en el tema, sino porque está siendo propuesta para recibir la medalla “Belisario Domínguez”, que entrega el presidente de la República en el Senado.
Los promoventes de la candidatura de Sánchez Cordero son, entre otros, Diego Valadez y Jorge Carpizo, distinguidos miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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