Uno de los grandes “logros’’ de la reforma política-electoral que se estrena en estas elecciones intermedias, fue el acuerdo de los partidos para quitar el control de los gobernadores sobre los institutos electorales locales.
Fue a petición del PAN, que concedió el PRI y avaló el PRD, que los institutos o consejos electorales locales desaparecieron formalmente para constituirse en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), cuyos integrantes serían elegidos por el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituyó al IFE.
El caso es que mucha tinta se desperdició alabando las ventajas de haber, supuestamente, quitado el control de los órganos electorales locales a los gobernadores, cuando en la práctica, la situación no cambió.
Ayer el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, acusó a los gobernadores de Sonora y de Baja California, de tener a su servicio a sus respectivos OPLES.
La denuncia puede obedecer a que en ambos estados el PRI va en desventaja; en Baja California difícilmente dará pelea y en Sonora, pese a los esfuerzos, la candidata Claudia Pavlovich se ha quedado dos pasos atrás.
Pero no son los únicos estados en los que la sospecha de que los gobernadores siguen regenteando a los organismos electorales, pese la supuesta gran reforma.
En el DF, el PAN y el PRI han acusado a la autoridad local de estar al servicio del PRD; incluso el PAN decidió no pasar por el Tribunal Electoral local para impugnar la negativa del registro de Xóchitl Gálvez como candidata a delegada en Miguel Hidalgo.
La impugnación se hizo ante el Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación que le concedió el registro a la panista.
Como muchos otros aspectos de la reforma político-electoral –por ejemplo, la exigencia de que los partidos políticos obtengan el 3% de la votación efectiva para mantener el registro-, la integración de los OPLES y su funcionamiento serán sujeto a revisión.
Lo mismo que las muchas atribuciones que tiene el INE, que van desde organizar la elección de las dirigencias nacionales de los partidos políticos hasta supervisar los gastos de campaña de candidatos locales, que han convertido al INE en una institución absolutamente paquidérmica.
La ley político-electoral sin duda tendrá que ser revisada antes de la elección presidencial del 2018; como está, no ha dejado satisfecho a nadie y por el contrario, los vicios que buscaba corregir, se han magnificado.
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Una auténtica avalancha de críticas recibió Eruviel Ávila, gobernador del estado de México, luego de declarar que Uber es una competencia desleal y que no podrá prestar servicio en la entidad que gobierna –es un decir-.
Ávila desconoce que el servicio ya se presta, nomás que no le han avisado para que les exijan “moche’’.
Y por otra parte, si de verdad quisiera resolver el problema del transporte pirata en el estado, tendría que confiscar las decenas de miles de autos que se disfrazan de taxis en todo el Edomex con la complacencia de autoridades municipales que han hecho de esas agrupaciones su “caja chica’’.
Pero como el gobernador difícilmente se da un baño de pueblo, no conoce que desde su partido se han tolerado no solo microbuses y taxis piratas, sino también bicitaxis y mototaxis que en municipios como Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, se han convertido en auténticas mafias.
Claro, estamos en tiempo de campaña y había que quedar bien con los choferes del estado.
Uffff.
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El jefe de gobierno del DF, Miguel Mancera se encuentra en Cuba para protocolizar un acuerdo de asistencia e intercambio médico.
Mancera, acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas y de su secretario particular, Luis Serna, se reunió por poco más de dos horas con el presidente cubano, Raúl Castro y se esperaba que ayer por la noche u hoy por la mañana se entrevistara con Fidel Castro, aunque no había cita agendada.
Los temas del protocolo son una vacuna contra el cáncer de pulmón, el tratamiento para el pie diabético así como una nueva terapia para el tratamiento del Alzheimer.
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