>Mañana martes se espera que estén en el escritorio del secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, los dictámenes finales sobre el derrame de soluciones de cobre en el río Bacanuchi, que contaminó severamente el río Sonora del que dependen varias poblaciones de la región.
El derrame fue producido por la empresa Buena Vista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, de Germán Larrea, desde el pasado 8 de agosto.
Para determinar el alcance de los daños provocados por el derrame, la Conagua, la Cofepris, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y la PGR, realizan sus respectivos peritajes, de los cuales dependerán las sanciones para la empresa y la indemnización para los pobladores afectados, que ya declararon que no quieren “botellas de agua y cobijas”.
La Profepa, a cargo de Guillermo Haro Belchez, impuso en primera instancia la clausura provisional de los patios de la empresa, en la que se vierten, en un arroyo seco, los desechos industriales que provocaron la contaminación, una multa de 40 millones de pesos –que tendrá que ser ratificada de acuerdo con los dictámenes finales- y una denuncia penal ante la PGR por el daño ambiental provocado.
El propio Haro Belchez constató el viernes pasado, en el lugar de los hechos, los daños ambientales causados por la contaminación del río.
El desastre, el más importante en su tipo en la historia de la minería en México, servirá para conocer cómo las autoridades del medio ambiente aplicarán la nueva y flamante ley en la materia, recientemente aprobada en el Congreso.
Se supone que los delitos ambientales, de acuerdo a esa ley, no solo merecen una pena administrativa sino de tipo penal, si las autoridades demuestran negligencia o mala fe en el majeño de los residuos tóxicos.
La empresa argumenta que la contaminación del río se debió a “las lluvias atípicas” registradas en la región, que provocaron a su vez el desbordamiento del arroyo seco y la posterior contaminación del río Bacanuchi.
Estos desechos tuvieron que “escurrir” en un tramo de casi 80 kilómetros hasta llegar a la afluente del río.
Pero la Conagua, a cargo de David Korenfeld, no tiene registros de esas “lluvias atípicas” que menciona la empresa; de hecho, en buena medida el curso que cobre la demanda en contra de la empresa dependerá del informe de la Comisión Nacional del Agua y su reporte de lluvias.
Hasta el momento, las autoridades del medio ambiente no tienen presentados directamente a ciudadanos afectados por el derrame, aunque a algunos medios locales han presentado fotos de personas presuntamente afectadas por la contaminación del agua que utilizan a diario para bañarse y beber.
No es que no hayan ocurrido, sino que las autoridades del medio ambiente no lo tienen documentado.
Como quiera, este lamentable caso servirá para demostrar si, efectivamente, habrá un cambio de actitud de las autoridades responsables del medio ambiente ante delitos que antes se solucionaban con un “no lo vuelvo a hacer”.
A ver si es cierto.
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