>El gobierno del estado de México se encuentra entrampado por su pobre y cuestionada actuación en el caso de Tlatlaya.
Desde que corrieron las versiones sobre una posible ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes, el gobierno del estado, por conducto de su secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga y más señaladamente su procurador general de Justicia, Alejandro Gómez, defendieron la versión de la muerte “en enfrentamiento” que manejó la Secretaría de la Defensa en un boletín.
Cuando se puso en la mesa la teoría de la ejecución extrajudicial, dada a conocer por la agencia de noticias AP, ambos funcionarios rechazaron –hasta por escrito-, la versión.
De hecho, los testimonios de las tres mujeres “liberadas” y luego encarceladas por su supuesta participación en el grupo de delincuentes abatidos fue desestimada por Gómez a pesar de las evidencias de torturas en contra de las sobrevivientes, a manos del personal de la Procuraduría mexiquense.
Ahora Gómez dice que hay por lo menos 20 funcionarios de la propia Procuraduría que están sujetos a investigación por esos hechos.
Pero, a diferencia de las mujeres que fueron torturadas y con cuyo testimonio se demostró que efectivamente algunos de los presuntos delincuentes fueron ejecutados, los “20 servidores públicos” no se encuentran ni detenidos ni suspendidos porque gozan del privilegio de la “presunta inocencia”.
Según el funcionario, los 20 señalados, entre los que se encuentran agentes ministeriales –policías judiciales, pues-, peritos y agentes del ministerio público que falsearon información, “mostraron su disposición a colaborar en la investigación”.
Lo cual, desde luego es una burla.
Lo que está por verse es si efectivamente el gobierno del estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, está dispuesto a cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que reclasificó la investigación inicial o si, como es costumbre, el largo y artrítico brazo de la ley solo alcanza a llegar hasta los peones.
Y claro, el gobernador seguro está haciendo sus cálculos políticos.
Pero del embrollo, no hay quien los rescate. ¿O sí?
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>El coordinador de los diputados del PAN, José Isabel Trejo, fue el primero en salir al quite en defensa del partido y su dirigencia nacional luego de las acusaciones de Margarita Zavala, quien no ganó una elección interna para ser candidata a diputada plurinominal.
El legislador zacatecano aseguró Zavala debe también aceptar los resultados de un proceso democrático en el que participaron 54 de 58 miembros de la Comisión Permanente del partido.
Cuestionó el hecho de que Zavala, después de haber perdido la votación, hiciera un road show en medios acusando una especie de venganza y anunciando que competirá por la presidencia nacional del PAN justo cuando el partido se encuentra en la selección de sus candidatos a gobernadores y diputados federales.
¿Con qué capital político?
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>Hoy al medio día el coordinador ejecutivo del Partido Humanista –que comentario aparte recibirá 120 millones de pesos para el proceso electoral-, Javier Eduardo López Macías, ofrecerá una conferencia de prensa con la que pretende aclarar, de una vez por todas, que él sigue siendo el mandamás en la organización.
El 12 de enero pasado, el INE reconoció a López Macías como el único y auténtico coordinador ejecutivo nacional del Partido Humanista, cargo que le pretendía arrebatar a la mala su otrora ex socio Ignacio Irys Salomón, que ya hasta conferencias daba con el cargo usurpado.
A ver.
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