¿Qué tanto pesará en el ánimo colectivo el recuerdo de que el virtual candidato del PRD a la gubernatura del estado de México, Alejandro Encinas, ocultó durante tres días en su despacho en la Cámara de Diputados al hoy prófugo Julio César Godoy Toscano?
El asunto viene a cuento porque ayer la Procuraduría General de la República (PGR) emitió una nueva orden de aprehensión en contra del efímero diputado, a quien se acusa de pertenecer al cártel de “La Familia Michoacana’’.
Encinas dijo en su momento que su partido había respaldado al medio hermano del gobernador Leonel Godoy porque su caso se estaba utilizando como arma política para defenestrar al gobierno perredista de la entidad.
Cuestionó también los resultados del llamado “michoacanazo’’, que fue vendido como el más duro golpe al crimen organizado en la entidad para terminar siendo un verdadero fiasco, con todos los detenidos ya en libertad.
En el caso de Encinas, hasta los priístas le reconocen sus méritos políticos pero la ciudadanía sigue recordando que, como jefe de gobierno interino del DF, facilitó a Andrés Manuel López Obrador la toma de la Avenida Reforma y el Zócalo por más de 60 días después de la elección presidencial del 2006.
Y cuando el asunto parecía olvidado, Encinas se involucró nuevamente en el lance que sirvió para que Godoy Toscano protestara como diputado federal pese a las evidencias en su contra.
Al final, los perredistas que formaban parte de la Sección Instructora, responsable juicio político al michoacano, votaron a favor.
Encinas se limitó a exponer: “nos habían engañado’’.
Escalofriante por decir lo menos, fue la cifra de 15,273 asesinatos presuntamente relacionados con el crimen organizado, ocurridos tan solo en el 2010.
¿Qué país en el mundo podría competirle a México en ese renglón? ¿Qué país tendría el material humano y tecnológico para resolver siquiera el 10% de esos crímenes? ¿Cómo saber si todos esos asesinatos tienen relación con la delincuencia organizada o cuántos de ellos fueron aprovechados para saldar deudas familiares, pasionales, etcétera?
Lamentablemente para la política de comunicación de las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado, la sola cifra mata cualquier declaración o acuerdo, por propositivo que sea.
Es mucha sangre.
Con más pena que gloria, el próximo sábado el panista-ex priísta Héctor Ortiz Ortiz, entregará el gobierno de Tlaxacala a un viejo conocido suyo, el tricolor Mariano González Zarur.
Ortiz Ortiz ganó la gubernatura hace poco más de seis años luego de una división interna del PRI y de que el PRD insistiera en llevar como su candidata a la gubernatura a la esposa del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya.
Así que el gobierno de Tlaxcala regresará a las manos del PRI después de haber pasado por el PRD y por el PAN; en este último sexenio, lamentablemente para el estado, poco puede presumirse.
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