A 17 días de las elecciones intermedias, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), decidió analizar –ojo- la petición hecha por siete partidos para que se le retire el registro nacional al Partido Verde Ecologista.
La petición será turnada a la Secretaría Ejecutiva del INE que deberá entregar en un plazo indefinido, un dictamen a favor o en contra de la petición de los partidos, que luego será analizada y eventualmente votada por el Consejo General.
Es, desde luego, una camino tortuoso; sea cual sea el resultado final de este affaire, el INE saldrá trasquilado…otra vez.
No hay en las democracias modernas un caso en el que un partido haya perdido su registro en el escritorio, a pesar de las violaciones a la legislación electoral.
Podría ser el primer antecedente, desde luego, pero el Verde tiene la posibilidad de, en el supuesto de que se votara a favor de retirarle el registro, argumentar que las violaciones que están siendo juzgadas ya fueron sancionadas por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Tribunal, además, será la última instancia que debe convalidar la decisión del INE, sea cual fuere esta.
¿Qué se gana con el inicio de este proceso ordinario sancionador?
Tiempo.
El INE se quitará por unos días la presión de los partidos políticos rivales del Verde; los verdes llegarán a la elección en la que seguramente aumentarán su renta política –del 7 podrán pasar hasta el 10 u 11% de la votación, según sus proyecciones- y los partidos que quieren al Verde fuera de circulación ganarán las portadas de los periódicos de mañana (hoy).
No está a discusión si el Verde violentó o no la legislación electoral; ya el INE dijo que sí.
Lo que está a discusión, como mencionó el propio Pablo Gómez, representante del PRD ante el INE, si es válido que estando tan cercana la elección intermedia se someta a discusión la posibilidad de retirar el registro al partido del tucán.
Al final de cuentas, está en manos de los electores decidir si quieren o no que el Verde siga con vida o lo sepultan.
“El soberano’’, dijo ayer Pablo Gómez, en referencia al electorado.
Tiene razón.
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Mucho ruido, exagerado y en algunos textos y opiniones hasta ridículo, el tono utilizado para exigir la renuncia de Lorenzo Córdova a la presidencia del INE.
En cambio, poco o nula atención al anuncio hecho por el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que redujo la previsión de crecimiento económico para el país –por tercera ocasión-, para ubicarlo entre 2 y 3 puntos porcentuales.
Como están las cosas, la economía nacional está más cercana al dos que al tres y muy previsiblemente, en julio o agosto, después de que se conozcan las cifras del segundo semestre del año, haya otro ajuste a la baja.
¿Cuánto representa en pesos el ajuste anunciado por Carstens?
Conservadoramente, un billón de pesos.
Pero sigamos tirándole piedras al funcionario en desgracia.
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La carrera por la gubernatura de San Luis Potosí se ha cerrado entre el PRI y el PAN.
Hay un empate técnico entre el priista Juan Manuel Carrera López y la panista Sonia Mendoza Díaz, que promete un cierre de fotografía.
Por lo pronto, ayer miércoles Carrera López presentó su propuesta de Gobierno 2015-2021 ante representantes del sector industrial, económico, social, político y religioso de todo el estado.
Carrera López anunció la conformación de la Agencia Potosina de Inversiones para incentivar la inversión nacional y extranjera, instancia que contará con el respaldo del renovado Consejo de Desarrollo Económico para conformar el eje estratégico y generar más empleos mejor remunerados.
Prometió un gobierno transparente y reforzar los esquemas de seguridad con policía de proximidad así como el combate a la corrupción.
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