La sucesión en la presidencia del PRD se ha convertido en una comedia barata en la que solo falta que algunos de los líderes arroje el primer pastelazo.
Claro que lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas respecto a ceder el partido a Andrés Manuel López Obrador para evitarse problemas fue una ironía.
Como la fue también la declaración de Alejandro Encinas, ayer, quien pidió reformar los estatutos del partido para permitir el regreso de Cárdenas a la presidencia nacional del PRD.
Ayer por la tarde, Marcelo Ebrard, que para efectos prácticos se ha convertido en líder del PRD pues las decisiones importantes no dependen de la dirigencia oficial sino de su parecer, se reunió con Jesús Ortega para analizar el escenario de la sucesión perredista.
Ebrard tejió una alianza con Ortega y apoyó las alianzas en Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Puebla; el jefe de Gobierno del DF trabaja arduamente para que el experimento se repita en el estado de México.
No sólo porque se ha posicionado como el precandidato perredista a la Presidencia en el 2012, con mayor nivel de aceptación y conocimiento, sino porque ocupa la jefatura de Gobierno de la capital del país que tradicionalmente produce aspirantes presidenciales, Ebrard tiene el poder de veto y el voto para decidir quién debe encabezar al PRD.
El candidato impone presidente, esa ha sido la historia del PRD; lo hizo López Obrador con Leonel Cota y el propio Cárdenas con López Obrador.
Así que más allá de la mascarada poco higiénica que protagoniza la compañía de Jesús (Ortega) y los Cárdenas, la decisión está en manos de Ebrard; si él consulta o no a López Obrador, ese es otro asunto.
A partir de ahora usted podrá leer en los medios de comunicación información acerca del TUCOTEL, que se traduce en “Todos Unidos en Contra de Telcel’’.
Y es que el conflicto con las televisoras y el Grupo Carso –que retiró la publicidad de Televisa y TV Azteca-, escaló a otro nivel y sumó –en contra del grupo de Carlos Slim-, a telefónicas como Nextel, Axtel, Isucell y la propia Cámara de la Industria de las Telecomunicaciones, la Canitec.
El objeto de la discordia son las tarifas de interconexión que cobra Telcel a cada una de ellas y que, en su opinión, son tan caras que inhiben la competencia en el sector.
Y mientras las telefónicas se preparan para dar una batalla legal, las autoridades del sector no se han acercado ni dicho “esta boca es mía’’ con el argumento de que se trata de una disputa entre particulares.
Ya se verá si es cierto.
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados propuso dotar de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), mediante su desincorporación de la Secretaría de Desarrollo Social.
Lo que implicaría crear una especie de fiscalía especial para la vigilancia de los programas sociales.
¿A poco va querer el gobierno?
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