>El próximo jueves por la tarde, Andrés Manuel López Obrador anunciará cuáles serán los siguientes pasos que dará para impugnar la elección presidencial.
Ya se sabe que la impugnará, que el procedimiento legal y sobre el que tiene conocimiento que, pese a las denuncias de compra de votos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) –así se llama-, no establece como causa de nulidad de la elección presidencial el rebase de los topes de campaña, que es el argumento principal que esgrime el tabasqueño y su grupo.
La ley en la materia, establece como causa de nulidad de la elección presidencial anomalías graves en por lo menos el 25% de las más de 143,000 casillas instaladas en todos el país; que no se hayan instalado el 25% de las casillas y que el candidato ganador resultara inelegible (artículo 77 Bis de la LGSMIME).
Que se sepa, ninguno de los representantes de los partidos políticos han cuestionado ni el 1% de las casillas, es decir, no se cumplirían los supuestos por los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), pudiera anular la elección presidencial.
Sin embargo, López Obrador y sus asesores ven una rendija jurídica por la que pueden colarse.
La Ley permite que los partidos, a través de un Juicio de Inconformidad, impugnen la elección presidencial ante la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que de forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.
Aquí la interpretación que hagan los magistrados del TRIFE de la ley y la validez o no de las pruebas que presenten los asesores de López Obrador serán determinantes.
Pero, en este momento y de acuerdo a la legislación electoral, no existe una causal para la anulación de la elección.
Eso es en la parte formal.
La informal es la que realmente preocupa: ¿qué hará López Obrador en la parte “informal’’ para presionar al TRIFE, además del plantón que ya existe afuera de las instalaciones del organismo? ¿Volverá a tomar las calles ahora con el refuerzo del #yosoy132? ¿Llamará a la resistencia civil?
No es un asunto menor.
>En Oaxaca y Michoacán lo cumplieron.
Ningún maestro –bueno, ya no sabemos si llamarlos así-, presentó la evaluación universal que por lo demás apenas fue respondida por el 30% de los 260,000 profesores de primaria que debían hacerlo.
Cero es cero; en otros estados, como Colima, solo participó el 1%, en Veracruz, el 2%, el Hidalgo el 4% y en Aguascalientes el 5 por ciento.
Los que más participaron fueron Tamaulipas, con el 60%, San Luis Potosí, con 54%, el DF con el 51%, Puebla con el 48% y Guanajuato con el 47 por ciento.
¿De quién es la responsabilidad de que los maestros no hayan sido evaluados?
Se valen sugerencias.
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