>En una de las peores crisis de seguridad y de respeto a los derechos humanos en la historia reciente del país, el jueves próximo el Senado de la República tendrá que designar al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
No será una decisión sencilla, sobre todo considerando que la designación como el cargo mismo se han politizado ridículamente.
Los partidos tendrán que presentar una terna de la que será seleccionado el o la nueva encargada de los vigilar que el gobierno respete los derechos humanos en este país.
Mauricio Farah, Raúl Gónzalez, Patricia Olamendi y Ricardo Bucio son los nombres que más se han manejado en las Comisiones y en medios de comunicación; puede ser que de entre ellos salga el nuevo ombudsman, aunque no se descarta también “un caballo negro”.
El problema con la CNDH tiene que ver con el hombre, desde luego, pero también con la estructura de la propia Comisión que hace mucho dejo de responder a los reclamos ciudadanos y que, por el contrario, en la percepción pública se ubica más como un ente defensor de delincuentes que de víctimas.
Lo anterior es percepción, pero en el colectivo nacional siempre se ha dicho que percepción es realidad aunque esto no sea necesariamente cierto.
Ahora el Senado tiene la enorme responsabilidad de elegir a quien será el nuevo garante de los derechos humanos en el país; no se puede equivocar, ni puede permitir que ningún partido político pretenda obtener utilidades políticas en la elección.
Tarde o temprano, la sociedad se los cobraría.
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>Lamentable ver como es que grupos radicales han pretendido apoderarse de las manifestaciones legítimas que piden la aparición de los normalistas desaparecidos en Iguala.
Lo sucedido el sábado anterior en el palacio de gobierno en Chilpancingo y luego por la noche en el Palacio Nacional, son actos que deslegitiman un movimiento social de protesta y que, siendo altamente predecibles, no pueden o no quieren ser controlados.
Si el gobierno federal sabe que estos eventos ocurrirán, extraña que no se pongan elementos de disuasión no solo para la protección del patrimonio nacional o de la ciudad, sino para garantizar la seguridad de los manifestantes.
En la SEIDO declaraban ayer 18 detenidos por las pintas y el intento de incendio de la puerta de Palacio Nacional; ya saben de qué grupos son y cuál es su interés.
La pregunta es si se les permitirá, otra vez, salir a las calles a provocar, como ha ocurrido ya en tantas ocasiones.
Ojo.
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>La conferencia que ofreció el procurador Jesús Murillo Karam el viernes pasado, para informar sobre el probable destino de los 43 normalistas, quedó rebasada por el comentario que hizo: “ya me cansé”.
Murillo había pasado más de 24 horas sin dormir, trabajando en la presentación de la información a los familiares de los normalistas y luego al país.
Por supuesto que estaba cansado, pero un funcionario de ese nivel y con la responsabilidad que trae a cuestas no puede aceptarlo públicamente.
No se puede decir que Murillo no hizo la tarea; pero su desafortunada frase lo ha puesto en la mira de quienes pretenden “mover a México”, pero al caos.
¿Lo aguantará el Presidente?
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>Consulta Mitofsky, de Roy Campos, publicó en su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que Quintana Roo es el segundo estado con menor “percepción de pobreza” entre sus habitantes.
Lo anterior, sin duda, es una de las garantías que buscan los inversionistas para seguir apostando sus recursos en la entidad que gobierna Roberto Borge, tan necesitada de buenas noticias.
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