>En mala hora –para el gobierno federal-, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló otro caso de corrupción en el que ven involucrados personal de la Presidencia de la República, encargado de la flotilla de naves que utiliza el presidente Felipe Calderón y de la Policía Federal.
De acuerdo con la información, la empresa BizJet International habría pagado sobornos hasta por 2 millones de dólares al personal mexicano, incluidos funcionarios locales de los aeropuertos de Sinaloa y Sonora, para hacerse de los contratos de mantenimiento de aviones y helicópteros.
La PGR salió al paso e informó que ya se investiga a 6 funcionarios, pero se reservó los nombres.
Y aunque faltan semanas para conocer el desenlace del asunto, hay dos puntos a considerar:
Primero, que es la primera vez que se involucra al personal de la Presidencia en un presunto acto de corrupción. Debe considerarse además que la supervisión de la flota presidencial está a cargo del Estado Mayor, lo que abre una interrogante sobre si la investigación recae en personal de este grupo de élite.
Segundo, que se deben tomar con cuidado estas acusaciones. Apenas hace unos días una Corte Federal de Houston desestimó 12 cargos de corrupción presentados en contra de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la CFE, acusado se recibir un yate de 1.8 millones de dólares y un Ferrari, como soborno a cambio de contratos para las empresas Lindsey Manufacturing y ABB Inc.
Moreno fue detenido, luego amparado y finalmente se dio a la fuga; se le investiga en México por enriquecimiento ilícito por 33 millones de pesos.
Si la revelación de BizJet es cierta, entonces los filtros fallan, peligrosamente, hasta en la Presidencia.
>Alguien debería poner más atención al escenario que se está prefigurando en Michoacán, azotado por una desahuciada situación económica y en manos no solo de la delincuencia organizada sino también de “normalistas’’ a quienes les importa poco la violencia que puedan generar.
El gobernador Fausto Vallejo tiene un polvorín bajo sus pies: por un lado, sin dinero para lo indispensable y por el otro, a un grupo de vividores que se hace pasar por estudiantes para chantajear con más prebendes al gobierno local.
La tentación de la represión de este grupo está alentada por quienes son víctimas recurrentes de las tácitas de los normalistas. Vallejo lo tiene que pensar dos veces antes de dar una orden de desalojo; el estado se le incendiaría irremediablemente. Y no se quiere eso.
>“Tengo 11 millones de razones para estar a favor el proyecto del ministro Arturo Zaldívar’’, declaró el coordinador de los senadores del PRI Manlio Fabio Beltrones, al preguntarle su opinión sobre el caso Cassez.
Esos 11 millones “de razones’’ es el número de mexicanos que radican en el exterior y a lo cuales, según el senador, se dejaría sin defensa en el supuesto de sufrieran un proceso tan cuestionable como el de la francesa.
Tiene su lógica.
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