“No es lo que sabes sino lo que puedes probar en la Corte”, es la frase que un fiscal hace a una víctima en una película del 2008 titulada “El Vengador”.
Tal frase se puede aplicar perfectamente en lo que ocurrió en el caso de Jorge Hank Rhon y la Procuraduría General de la República (PGR).
Son un secreto a voces los excesos cometidos por Hank Rhon y las sospechas públicas sobre su presunta participación en cualquier suerte de delitos.
Sin embargo una cosa es lo que se sabe y otra lo que se pudo probar; la PGR quizás tenga mucha información sobre actividades ilícitas de Hank pero su incapacidad le impidió integrar una averiguación previa correcta.
No es el primer caso que pierde la PGR, al menos temporalmente porque está en apelación, pero si es el primero en el que se involucra directamente al Ejército mexicano y a un gobierno estatal en aras de mantener preso a un presunto delincuente que pasó a ser ahora por obra y gracia de la ineptitud de los fiscales perseguido político.
Pese a las inconsistencias en la averiguación previa que fueron dadas a conocer por la juez
Blanca Evelia Parra Meza, la PGR insiste en subirse al ring y cuestionar severamente las razones de la juzgadora para decretar el auto de libertad fueran hechas públicas.
Se trata de una maniobra distractora sin duda que pretende centrar la atención publica en un pleito con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para desviar las miradas de todo el país que contemplan con asombro la ineptitud de la PGR y el primer fracaso notable de Marisela Morales.
Ayer por la tarde los integrantes del gabinete de seguridad cruzaron llamadas para tratar de ofrecer una versión creíble de lo que pasó con Hank Rhon; lo que preocupa sobre manera no solo es el involucramiento del Ejercito mexicano en la operación fallida y aparentemente ilegal, sino que la credibilidad de Alejandro Poiré, vocero de Seguridad Nacional, quedó por los suelos al ofrecer una versión totalmente distinta a la que pudo comprobar la juez del caso.
El fallo hace parecer a Poiré como un mentiroso o “desinformado” en el mejor de los casos, lo que no deja de ser una desgracia cuando el gobierno federal pretende restituir la credibilidad de las instituciones.
Y pese a la cadena pifias hasta ayer en el gabinete de seguridad no hubo movimientos ni renuncias.
Al Asambleísta del PAN, Guillermo Huerta Ling, le ha bastado el apellido para “nadar de a muertito” en la ALDF.
Reconocido por su nula participación en los debates, Huerta Ling se dio tiempo para exigir a Alejandra Barrales que renuncie a la Asamblea si pretende ser jefa de gobierno del DF.
Lo malo es que la estatura política de Barrales supera por varios kilómetros a la del panista que, por si no lo recuerda, la perredista ha sido diputada federal, secretaria de gobierno de Michoacán y el DF y líder de los sobrecargos.
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