Poca atención se le ha puesto a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en torno a la ratificación de un acuerdo del Consejo General del IFE mediante el cual se obliga a las estaciones de radio y televisión que originan sus señal en el DF a transmitir las pautas de las campañas políticas en el estado de México.
Se trata de una resolución que sienta un precedente por dos razones: la primera porque se reconoce por primera vez un catálogo de estaciones de radio y televisión locales, que deberán dejar de transmitir los mensajes del gobierno estatal para cuidar la equidad del acceso a los medios.
Y la segunda, porque se establece con claridad el grado de penetración de los medios electrónicos radicados en el DF pero cuya señal llega a 59 de los 125 municipios del estado de México en los que se asienta el 75% de la población mexiquense.
Las estaciones de radio y televisión obligadas por ley a transmitir los mensajes de campaña del proceso electoral del estado de México, que comienza el 15 de este mes, suman 24.
Y como la decisión fue ratificada por la Sala Superior del TEPJF, no hay ninguna autoridad que puede impedir su cumplimento.
A ver, ¿quién entiende a Francisco Gil Díaz?
El presidente de Telefónica México y Centroamérica y ex secretario de Hacienda, exigía en diciembre de 2007 reglas diferentes para el tema de las tarifas de interconexión.
Gil advertía entonces que “de no llevarse a cabo una reforma satisfactoria a las condiciones de costo y acceso leoninas que enfrentamos los operadores competitivos en este mercado, nos veremos obligados a hacer valer las acciones judiciales y las denuncias que correspondan”.
Pero recientemente cuestionó la forma y el método que las autoridades utilizaron para modificar las tarifas de interconexión de algunas empresas telefónicas entre las que no estuvo la que preside.
¿Entonces?
Habrá que esperar qué resuelve la Corte que la próxima semana analizará y discutirá el tema de la suspensión definitiva en las tarifas de interconexión fijadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Sea cual fuere la decisión, tendrá impacto –negativo o positivo, según sea el caso-, en los bolsillos de 90 millones de mexicanos que utilizamos la telefonía móvil.
A ver.
La Cámara de Diputados deberá resolver, en la fecha límite, al titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Unidad de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (UVASF)
La terna de finalistas está compuesta por Edmundo Bernal Mejía, José Alejandro Romero Gudiño y Leopoldo Garduño Villarreal.
Al interior de la comisión que evalúa a los aspirantes, Bernal Mejía, dicen, es quien tiene más posibilidades de lograr la titularidad de la UEC.
No queremos decir que se lo advertimos pero sí.
La reforma política aprobada en el Senado será congelada por los diputados –ver columna del martes- y la Ley de Seguridad Nacional no pasará por el desaseado proceso legislativo –vea la columna de miércoles-.
Ni hablar.
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