Quienes tienen conocimiento de las declaraciones de los 16 detenidos y arraigados, presuntamente responsables de la matanza de 82 personas –hasta ahora-, en San Fernando, Tamaulipas, aseguran que el número de víctimas crecerá exponencialmente.
Puede que sean 300 o 400, de acuerdo a lo que declaran los sicarios detenidos –o quizá más-, pues operaban sin el menor recato desde hace casi tres años.
¿Cuántas víctimas se pueden contabilizar en ese periodo considerando que ninguna autoridad estatal, municipal o federal, impidió a los asesinos operar hasta el horror?
Hay algunas formas de acercarse al número de posibles víctimas: cuando los sicarios detenían los autobuses para seleccionar a sus víctimas, las bajaban sin el equipaje correspondiente.
Luego los autobuses seguían su ruta hasta llegar al destino programado; entonces la línea se quedaba en custodia del equipaje de las personas que habían sido secuestradas en el camino.
La línea avisa a la policía local, pero ésta jamás hacía nada para por lo menos identificar a las víctimas por medio de sus pertenencias.
Si la policía local no hacía nada, ¿por qué la línea de autobuses no acudía a la Policía Federal considerando que el transporte público es precisamente un asunto de carácter federal?
Las declaraciones de los detenidos, por formar parte de una investigación en curso, es probable que no se conozcan en breve; pero quienes han tenido conocimiento de ellas, aseguran que el asunto es mucho más grave –que de suyo ya lo es- que los 82 muertos contabilizados hasta ayer.
El horror, pues.
Cómo estará el asunto en Tamaulipas que ayer el gobernador Egidio Torre Cantú anunció que donará tres terrenos en Ciudad Mier, San Fernando y el Mante, para la construcción de tres nuevas zonas militares.
Esto con el fin de atender el gravísimo problema de inseguridad que tiene el estado.
Torre Cantú informó también que policías federales formarán parte de la policía estatal y que se otorgará al personal de las fuerzas armadas que realiza tareas de seguridad interior –de policía, pues-, un estímulo económico como reconocimiento a su labor, algo que hizo hace unas semanas el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Con el argumento de que la extinción de Luz y Fuerza del Centro “es un asunto federal’’, el gobierno de la capital ha permitido que los pseudo trabajadores del SME atenten contra la ciudadanía impunemente.
Lo que ocurrió ayer es de verdad preocupante; los manifestantes pueden hacer literalmente, lo que les venga en gana ante la mira complaciente de los cientos de granaderos llevados a la zona como meros espectadores.
Los conductores que perdieron sus autos, incendiados por la turba, no tienen derecho a reclamar su seguro pues los disturbios son una de las cinco causales que no reconocen las aseguradoras para cubrir los riesgos.
Lo perdieron ¿y quién se hará responsable de los daños? ¿Y de nuestro compañero Juan Carlos Santoyo, quién?
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