Como estaba previsto, Humberto Moreira dejó la gubernatura de Coahuila para asumir la presidencia nacional del PRI.
El próximo sábado 8, Moreira acudirá a la sede nacional del tricolor para inscribirse y, en el supuesto de que fuera el único que se apunta –no se descarta por ahí algún distraído-, ese mismo día recibiría la constancia que lo convertiría en automático en el sucesor de Beatriz Paredes Rangel.
En Coahuila, en tanto, está previsto, si no hubo un cambio de última hora, que Rubén Moreira se inscriba en la contienda por la candidatura del PRI al gobierno estatal que dejó su hermano.
Y aunque la candidatura es un hecho fuertemente criticado, lo cierto es que en las mediciones que ha realizado el PRI ninguno de los otros suspirantes le llega siquiera al 20% de la intención del voto que tiene el diputado con licencia.
Habrá que ver si el trabajo de los Moreira pesa más en el electorado que los cuestionamientos a la candidatura de Rubén.
Definido el camino para hacerse de la presidencia del PRI, Humberto Moreira tendrá que decidir de entre tres mujeres a su compañera de fórmula: la senadora por el estado de Chiapas, María Elena Orantes López, la alcaldesa de la capital de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz y la diputada por el estado de Nuevo León, María Cristina Díaz Salazar
Un amigo, René Franco, reflexionaba sobre el papel que ha tenido el procurador de justicia de Quintana Roo, Francisco Alor, en tres casos que involucran a miembros de la farándula: el atropellamiento y muerte de una mujer por una camioneta propiedad de la grupera Ana Bárbara que según testigos –que luego se retractaron-, ella conducía.
El segundo fue el caso del estadounidense Bruce Beresford, productor de la serie Survivor, acusado de haber asesinado a su esposa Mónica Burgos; Beresford se le “escapó’’ a la Procuraduría estatal aunque ahora se encuentra preso en California.
Y el tercero es el caso del cantante Kalimba, acusado de violación, y al que Alor ya declaró culpable.
En los tres casos, Alor ha dejado muchas dudas sobre su actuar y no sería raro que en aras de limpiar las sombras de sospechas sobre su proceder echara mano de los recursos –o presuntos-, que tuviera enfrente.
Ojo, no es la defensa de un cantante, sino los cuestionamientos públicos a un funcionario encargado de la procuración de justicia.
Señalado como un juzgador crítico y liberal, Juan Silva Meza llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acompañado de una trayectoria intachable que deberá hacer valer frente a las diferentes presiones y obstáculos que encuentre en su camino.
Silva Meza ha sido un férreo defensor de la libertad de expresión, como lo demuestra su participación en el caso de Lydia Cacho, en el que acusó violaciones a las garantías individuales de la periodista. Suerte.
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