Con 22 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con el fin de suprimir, simplificar, digitalizar y homologar trámites de los tres órdenes de gobierno, a fin de reducir costos burocráticos y actos de corrupción.
Avalado por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT, con el voto de PAN y PRI en contra, así como la abstención de MC, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, con la intención de discutirlo y aprobarlo esta misma tarde en el pleno.
La nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos prevé la creación del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, en el que se podrán iniciar los trámites disponibles vía digital mediante el uso de la Llave MX, vinculado a la CURP, como mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales.
Por ello, panistas y priistas alertaron del control del gobierno federal sobre los datos personales y biométricos de los ciudadanos.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía, sostuvo que el nuevo ordenamiento busca la simplificación administrativa, al digitalizar los servicios públicos, eliminar trámites innecesarios y asegurar la transparencia total.
“El objetivo es claro: reducir los trámites y los tiempos que hoy representan cargas económicas y obstaculizan el desarrollo. Cabe resaltar que se propone la implementación de la plataforma LlaveMX, como sistema único de autenticación, vinculada a la CURP, permitiendo así que cada ciudadano pueda acreditar su identidad sin presentar documentos adicionales”, indicó el legislador petista.
Por el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez advirtió que el nuevo ordenamiento promueve la opacidad, la concentración de poder, el centralismo, el autoritarismo y la discrecionalidad, otorgando al gobierno federal el control sobre los datos personales y biométricos.
Cuestionó además la intención de extinguir la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pese a sus resultados probados, y alertó sobre el despido masivo del personal de ese organismo.
El legislador Arturo Yáñez, del PRI, coincidió en que la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos busca solamente la concentración del poder y el control sobre los datos de las personas.
Lamentó asimismo la celeridad de la mayoría parlamentaria para aprobar las iniciativas presidenciales sin revisarlas ni cambiarles una coma, convirtiendo a la Cámara de Diputados en una simple oficialía de partes.
De acuerdo con la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, “en México existen, en promedio, 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal, lo que sugiere que a nivel nacional existen más de 350 mil trámites, un problema que afecta directamente a la población”.
Considera por ello la extinción de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para ser sustituida por la Agencia Nacional de Transformación Digital y Telecomunicaciones como la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización encargada de supervisar y evaluar, en coordinación con las autoridades locales, los modelos nacionales para eliminar trámites burocráticos, para la digitalización, para la homologación de trámites y servicios, y para la atención ciudadana.
Establece la obligación de un Análisis de Impacto Regulatorio como la herramienta para garantizar que las regulaciones generen el mayor beneficio para la sociedad y el menor costo burocrático posible, además de la mejor alternativa para atender un problema público de manera efectiva.
No obstante, quedarían exentas de dicho análisis los decretos, acuerdos reglamentos y demás disposiciones que emita la persona titular del Poder Ejecutivo en los distintos órdenes de gobierno, así como las iniciativas de leyes que presenten dichas personas.
De igual forma estarían al margen de esa obligación las disposiciones en materia de seguridad nacional, de seguridad pública, fiscal y de servicios públicos, así como aquellas que busquen evitar un daño inminente o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía o cualquier otro tipo de emergencia.
(milenio.com)
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