La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, reconoció la necesidad de una nueva Ley General de Aguas, pero sostuvo que una legislación de ese calibre requiere el más amplio consenso no solo de legisladores, sino de estados, municipios y dependencias involucradas.
Señaló que el órgano legislativo dará una respuesta “puntual e institucional” a la Suprema Corte de Justicia que, por conducto de la ministra presidenta Norma Piña, acusó al Congreso de incurrir en una conducta “contumaz”, por incumplir la orden de expedir la Ley General de Aguas.
Dio asimismo un plazo de diez días hábiles para que la Cámara de Diputados y el Senado de la República informen en qué etapa del proceso legislativo se encuentra, a fin de emitir la citada ley.
En un comunicado, Guerra sostuvo que la Cámara de Diputados está convencida de la necesidad de legislar sobre ese tema, por lo que el requerimiento de la Corte se hará de conocimiento a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su análisis y respuesta puntual e institucional.
Sin embargo, dijo, “la Cámara de Diputados es un órgano deliberativo que cuenta con comisiones que deben sesionar de forma colegiada y plural para la aprobación de cualquier tema que sea presentado”.
“Una reforma de este calibre tiene que ser participable con todas las entidades federativas que cuenten con el recurso hídrico, además de otras dependencias que estén involucradas como la Secretaría de Hacienda, Conagua y Secretaría de Medio Ambiente, entre otras, además de un parlamento abierto genuino, no solo con especialistas, sino con los estados y municipios para construir juntos un verdadero proyecto hídrico, pues no basta construir una ley”, puntualizó.
Admitió que el agua es un tema de seguridad nacional y debe ser prioridad de los tres órdenes de gobierno, debido a que 21 millones de personas aún no tienen garantizado su derecho constitucional a dicho recurso.
Indicó que, para atender esta problemática, se requiere una inyección de 86 mil millones de pesos anuales, para lo cual se puede recurrir a inversión pública y privada, como lo prevé a ley en la ley.
Por separado, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, urgió al Congreso a dictaminar a la brevedad la nueva Ley General de Aguas, a fin de que pueda ser votada en la siguiente legislatura.
“Que ya las dos comisiones referentes al agua presenten dictámenes a las futuras mesas directivas para que se vote, porque estamos en una falta grave y la Corte lo está señalando. No creo que sea válido patear esto hacia futuro”, advirtió.
(milenio.com)
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