Luego de varios años de litigios, se abrió la posibilidad para que se pueda obligar a la Fiscalía General de la República (FGR) a pagar una suma millonaria por responsabilidad patrimonial del Estado, debido a irregularidades durante la llamada “Operación Limpieza” que se lanzó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) llevó a la cárcel a ex funcionarios inculpados con testimonios falsos de testigos protegidos.
El asunto ya llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para su estudio.
Durante años, Marisela Morales Ibáñez, la primera mujer en encabezar la PGR y encargada de implementar la Operación Limpieza, fue denunciada una infinidad por irregularidades, pero la contraloría, asuntos internos y otras áreas no realizaron las investigaciones.
Esto con el argumento de que los delitos habían prescrito, porque las denuncias se hicieron cuando los inculpados recuperaron su libertad y debieron hacerlo antes, desde que se conoció la falsedad de las declaraciones de los testigos protegidos.
De acuerdo con funcionarios del gobierno federal, ninguno de los testigos protegidos que mintieron en las investigaciones de la “Operación Limpieza” fue sancionado y la mayoría huyó del sistema de protección.
Javier Herrera Valles pasó cuatro años en prisión; a su salida, denunció a Marisela Morales y a su ex mano derecha, Irving Barrios Mojica, actual fiscal de Justicia de Tamaulipas. A ambos los señaló por el presunto delito contra la administración de la justicia.
El resto de los funcionarios detenidos en la Operación Limpieza pero contra los que no se pudo actuar son: Nora Caballero Trejo, ex agente del Ministerio Público Federal, acusada de delitos contra la administración de la justicia, y Silvia Méndez Mendoza, acusada de falsedad de declaraciones.
Asimismo, Alberto Jiménez Briones (por falsedad de declaraciones); Betzabé María Rello Alba (por abuso de autoridad); José de Jesús Ortiz Jiménez (por falsedad de declaraciones); Olinalá Borja Alonso y María del Pilar Victoria Serrano (contra la administración de la justicia).
En 2020, la FGR determinó en definitiva el no ejercicio de la acción penal contra los señalados.
Asimismo, no se actuó contra los testigos protegidos José Salvador Puga Quintanilla, El Pitufo; Roberto López Nájera, Jennifer; Sergio Villarreal Barragán, El Grande, con nombre clave Mateo, sicario del cártel de los hermanos Beltrán Leyva; y Víctor Hugo Martínez Rocha, denunciados por falsedad de declaraciones.
Ahora, la única posibilidad de que la FGR sea obligada a pagar por las irregularidades cometidas en el pasado, es que la Corte ampare a Javier Herrera Valles, quien reclama la responsabilidad patrimonial del Estado por 70 millones 637 mil 570 pesos, por concepto de reparación de daños y perjuicios materiales y daño moral.
El ex mando policiaco aseguró que su encarcelamiento derivó por las denuncias que realizó contra Genero García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa.
Antecedentes
El 16 de junio de 2022, la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa validó la resolución emitida por la directora general de Asuntos Jurídicos de la FGR en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado, que culminó que las pruebas ofrecidas eran insuficientes, acuerdo dictado el 16 de abril de 2019.
Pero, el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa solicitó a la Corte atraer el asunto, por lo que la decisión del caso ahora está en manos del ministro de la Primera Sala.
El asunto fue admitido a trámite por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para su estudio.
(milenio.com)
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