La Comisión de Estudios Legislativos, presidida por el priista Manuel Añorve, aprobó reformas a la Constitución que castigan a los agresores por razones de género, a quienes sean declarados culpables de violencia familiar, y a los deudores alimentarios con la pérdida de sus derechos políticos y ciudadanos y no podrán ser candidatos ni servidores públicos.
El dictamen adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución para añadir en su artículo 38 las causales por las que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden.
Así, ahora se perderán los derechos ciudadanos ya sea por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En el artículo 102 se incluye como requisito para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República ser ciudadana mexicana, en ejercicio de sus derechos.
En el artículo 38 se agrega también que quien haya perdido sus derechos no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
El dictamen refiere que debe admitirse que las manifestaciones de violencia, en particular contra las mujeres se presentan en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos por parte de distintos tipos de agresores, entre los que se encuentran servidores públicos y otras autoridades con responsabilidades políticas y legales.
“Por esta razón se considera que existe la obligación estatal para reforzar la legislación, en el sentido de que quienes ocupen cargos públicos en cualquiera de los tres poderes u otros órganos del Estado no cuenten con antecedentes de violencia o como deudores alimentarios morosos.
“Se trata de que los servidores públicos, en razón de las funciones que llevan a cabo o de la representación que tienen, sean ejemplo para la sociedad y comprueben la idoneidad para desempeñar la labor inherente a su cargo.
“El servicio público implica de todas las personas que se dedican a él, ofrecer un trato digno y respetuoso a todos los usuarios, por lo que el servicio público tiene una connotación profundamente humana, pero también ética”, refiere el documento.
Manuel Añorve felicitó a los senadores por haber logrado el consenso en esta reforma constitucional.
“Este dictamen, histórico, marca lo que los nuevos tiempos y en este siglo debemos plasmar en nuestra Constitución”, refirió el también coordinador de los senadores del PRI.
Ahora, expuso, los deudores de pensión pierden sus derechos. y quien quiera ocupar con un cargo público debe cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma.
“No basta con ser funcionario eficiente si se es acosador sexual; no basta con ser funcionario público destacado si se es agresor por razones de género, no basta con ser un legislador, un juez, un alcalde, un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción, si se es deudor de pensión alimenticio”, agregó.
A su vez, la senadora priista, Sylvana Beltrones, se congratuló por discutir y aprobar este dictamen porque, dijo, “estas son las reformas que valen la pena”.
(milenio.com)
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