Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la impugnación del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del segundo paquete del Plan B electoral, además de que frenó su aplicación por tiempo indefinido al conceder la suspensión solicitada por el organismo autónomo.
De acuerdo con registros públicos del máximo tribunal del país, el ministro concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos modificados de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su Consejería Jurídica, puede interponer un recurso de reclamación en contra de esta determinación del ministro Laynez Potisek, la cual paraliza la segunda parte del llamado Plan B electoral hasta que se resuelva de fondo el asunto.
Por lo que, a partir de la noche de este viernes, regirán las disposiciones vigentes antes de la publicación del decreto del pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual también se expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede.
“Asimismo, la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía.”, explicó la SCJN en un comunicado.
En su resolución, el ministro Laynez Potisek también solicitó al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo federal para que, en su carácter de autoridades demandadas, presenten su contestación dentro del plazo legal.
Al presentar esta controversia constitucional el pasado 9 de marzo, el INE sostuvo esta segunda parte del denominado Plan B se trataba de un “cúmulo de violaciones constitucionales” que detectaron en aproximadamente 200 artículos de la reforma y que, dijeron, vulneran 25 disposiciones constitucionales.
De acuerdo con el organismo autónomo, la impugnación presentada ante el máximo tribunal del país “está articulada en cuatro ejes fundamentales”: violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión; la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo; la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales; y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.
(milenio.com)
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