La ministra Yasmín Esquivel acudirá al Comité de Ética de la UNAM para aportar pruebas a su favor, como un dictamen pericial para confirmar la autenticidad del documento donde consta que desde diciembre de 1985 registró el título y capitulado de su tesis de licenciatura.
El representante legal de la ministra ante la UNAM, Alejandro Romano, explicó que la ministra confía en el criterio ético del Comité, pero este “actúa fuera de marcos jurídicos precisos, con lo cual sus derechos pueden resultar afectados”, y acudió al Poder Judicial para que se garantice su derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y a los principios de legalidad y certeza jurídica “en el entendido de que el apego a esos principios constituye un deber ético que no puede desconocer un Comité de Ética”.
De acuerdo con el abogado, las pruebas “son prácticamente irrefutables”.
Entre los argumentos que presentará, se encuentra que el alumno autor de la otra tesis, Édgar Ulises Báez, aceptó haber tomado textos provenientes de la elaborada por Esquivel, así como la declaración de la directora de tesis, Martha Rodríguez, en el sentido de que compartió el trabajo de investigación de esa alumna con Báez.
De acuerdo con fuentes del equipo de la ministra Esquivel Mossa, entre las pruebas destaca el análisis científico-lingüístico-discursivo que concluye que existe coincidencia estilística, narrativa y lingüística, al comparar la redacción de las tesis de licenciatura y doctoral de la ministra, “lo cual demuestra que ambas son de autoría de la ahora ministra”.
Otra evidencia a presentar es que decidió realizar su tesis sobre el tema laboral a partir de su experiencia como miembro del Sindicato Nacional de Empleados Auténticos de Bancomer, lo cual demuestra con su credencial expedida en 1983.
De acuerdo con el abogado Romano, dichas evidencias no han sido analizadas, pero sí hay “conclusiones que la culpabilizan anticipadamente”, pero la ministra las presentará ante un Comité que “aunque no tenga competencia, está actuando de modo que puede perjudicarla. Igualmente le puede causar un daño grave la divulgación de datos que la inculpan sin existir ninguna resolución fundada”.
Y explicó que la suspensión dictada en el amparo no pretende limitar la libertad de expresión de las autoridades universitarias, sino que se rijan “por el principio de prudencia” y no generar, “como está ocurriendo, un daño al honor, la reputación y la dignidad personal de la ministra cuyos derechos humanos requieren el mismo respeto que los de cualquier otra persona”.
Alejandro Romano afirmó que el Comité Universitario de Ética tendrá que aceptar que no existen elementos para concluir que Esquivel incurrió en un plagio si actúa con apego a la ética y valora las pruebas “sin consigna ni prejuicios”.
(milenio.com)
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