El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó por unanimidad acatar las sentencias del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mantener la organización de la consulta sobre revocación de mandato. Además, acordó hacer una revisión a los recursos con los que se cuenta para el proceso y, de ser necesario, solicitar a la Secretaría de Hacienda la ampliación presupuestaria que se requiera.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien presentó el pasado 17 de diciembre la propuesta de suspender algunas fases del proceso de organización de revocación de mandato, explicó que era necesario que las instancias jurisdiccionales se pronunciaran “y mandar los mensajes claros a la sociedad mexicana de que el Instituto siempre ha actuado con apego a la ley y se toma nota de lo establecido en la sentencia del Tribunal Electoral”.
Tras celebrar el pronunciamiento de las instancias jurisdiccionales, señaló que “el dilema es en estricto sentido muy sencillo, para poder hacer la revocación de mandato en los términos establecidos en la ley por el Congreso federal, se requiere una suficiencia presupuestaria que no fue atendida por la Cámara de Diputados, lo cual coloca a este instituto en un dilema que no es menor”.
También aclaró que lo ideal es mantener las 163 mil casillas para la jornada del 10 de abril, pero advirtió que “a lo imposible nadie está obligado”, de lo contrario, el INE hará valer lo señalado en la sentencia y acudirá ante la Secretaría de Hacienda y “no podrá contestarnos lo que ya nos contestó en otras ocasiones de que el gobierno federal tiene otras prioridades”.
El consejero Ciro Murayama señaló que el acatamiento de la Sala Superior es histórico porque “subraya la prominencia de los derechos políticos electorales en nuestro orden Constitucional y mandata a que el presupuesto se adecúe a los derechos fundamentales y no al revés. Se están poniendo en orden las cosas”, señaló.
A su vez, la consejera Carla Humphrey señaló que no era momento de suspender actividades, “sino de no mirar atrás y no ver culpas y estas eran las vías jurídicas que se debían tomar. Es momento de avanzar y en nada abona seguir minando y politizando la revocación de mandato”, señaló tras destacar que la labor del INE es garantizar el derecho de la ciudadanía.
En sesión del pasado 10 de diciembre, ante la disminución determinada por la Cámara de Diputados, el Consejo General del INE determinó asignar a la organización de la revocación de mandato mil 275 millones de pesos, más la meta de ahorro que fue de 227 millones, para un total de mil 503 millones de pesos de un monto total requerido de 3 mil 800 millones para la realización conforme a lo presupuestado por el INE.
En su intervención, el diputado Mario Llergo, representante de Morena ante el INE dijo que su partido se pronuncia por el diálogo y celebró que exista la voluntad de acatar las sentencias sobre la organización de la consulta sobre revocación de mandato y confió en que la autoridad electoral no tenga objeciones “de ninguna índole”.
Incluso consideró que aun es posible adecuar los recursos para que la insuficiencia presupuestaria no sea motivo para la suspensión del ejercicio y pidió que el INE analice en lo interno sus ajustes y en su caso, solicite a la secretaría de Hacienda los ajustes que garanticen la organización del proceso de revocación de mandato. “Con todas las de la ley sin restringir recursos de toda índole”
El acuerdo aprobado por unanimidad contempla que la Secretaría Ejecutiva del INE “analice los escenarios y propuestas correspondientes, definan las adecuaciones presupuestales necesarias y, en su caso, se realicen las gestiones procedentes para solicitar la ampliación presupuestaria ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de dar estricto cumplimiento a los acuerdos incidentales de la SCJN, así como a la sentencia de la Sala Superior, e informen y propongan, en su caso, al Consejo General, los ajustes necesarios”, para continuar la organización del proceso.
Los consejeros avalaron el proyecto que instruyó a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas que, en el ámbito de sus atribuciones, continuar con todas las actividades inherentes, conforme al Plan y Calendario y normatividad vigente.
Anoche, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por unanimidad que el Instituto Nacional Electoral no puede aplazar algunas fases de la organización de la consulta para la revocación de mandato con el argumento de la insuficiencia presupuestaria.
El proyecto presentado por el magistrado Felipe Fuentes propuso también ordenar a la secretaría de Hacienda entregar al INE los recursos suficientes para organizar la consulta de revocación de mandato.
(milenio.com)
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