De los 32 estados que conforman el país, ninguno ha logrado erradicar el embarazo infantil y adolescente. De hecho, más de la mitad de las entidades supera la media nacional que indica que 15.1 por ciento de los nacimientos (236 mil 440) fueron producto de embarazos de mujeres menores de 20 años durante 2020.
Si bien hay una tendencia a la baja desde 2011 en todo México, hay estados como Guerrero que se mantiene tres puntos porcentuales por encima de la media nacional (18.2 por ciento), seguido de Chihuahua (17.6 por ciento), Puebla (17.3 por ciento), Tlaxcala (17.3 por ciento), Coahuila (17.2 por ciento) y Durango (17.2 por ciento), de acuerdo con las estadísticas de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Alexis Hernández, asesor del Programa de Incidencia y Acceso Comunitario de la organización Ipas México, explica que la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes (Enapea) tiene dos metas planteadas para 2030: disminuir en 50 por ciento la fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años y erradicar el embarazo no planeado y los nacimientos en niñas menores de 15 años.
“Son metas muy ambiciosas que sirven de parámetro para la ruta, pero sabemos que son imposibles de cumplir”, advierte.
De 2015, cuando el gobierno federal instauró la Enapea, a 2020, el embarazo infantil y adolescente se ha reducido apenas 14.2 por ciento, según el asesor. Se trata de un fenómeno de salud pública que requiere de estrategias integrales dentro y fuera del sector salud, que puedan atender cuestiones culturales, sociales y políticas que también repercuten en la vida de niñas y adolescentes.
“Es un asunto multifactorial”, recalca Hernández.
Karine Tinat, directora del Centro de Estudios de Género del Colegio de México, ha detectado, a través de su trabajo de campo con madres adolescentes, la importancia de atender las causas estructurales que atentan contra la salud sexual y reproductiva.
Estadísticamente, el embarazo a edades tempranas se da mayoritariamente en las clases más bajas de la sociedad, en contextos donde el abandono escolar está muy presente.
“Siete de cada diez mujeres adolescentes que se embarazaron en la adolescencia habían dejado la escuela”, menciona la investigadora y añade que hijas de madres adolescentes registran mayor probabilidad de embarazarse a una edad temprana.
Los embarazos infantiles y adolescentes están asociados a situaciones de violencia, desintegración familiar, alcoholismo, así como falta de atención o afecto hacia las y los hijos.
“Las adolescentes suelen buscar una salida a esto”, señala.
La violencia sexual como causa del embarazo infantil y adolescente
A sus 17 años, Johana* tuvo a su primer hijo y, contrario a lo que ella esperaba, su pareja, 25 años mayor que ella, la abandonó. Ella no sabía que el hombre estaba casado y que tenía varios hijos con otras dos mujeres.
“No quería tener más gastos”, recuerda Karine Tinat, de El Colegio de México y quien obtuvo el testimonio como parte de su trabajo de campo.
La especialista descubrió que Johana sí tenía información sobre métodos anticonceptivos, pero que, dada la edad de la pareja, creyó que él era el único responsable de la protección.
“Como este caso hay muchos. Hay que entender que cuando hay madres adolescentes no forzosamente hay un padre adolescente, usualmente son hombres mayores. Segundo, que el conocimiento sobre métodos anticonceptivos no garantiza que estos se usen, hay que romper muchas barreras sociales para que el acceso sea pleno”, explica.
En los hogares no suele hablarse de salud sexual y reproductiva y, cuando se hace, predominan enseñanzas relativas a los estereotipos de género, como el rol de proveedor de la pareja masculina, el inicio de la vida sexual hasta el matrimonio o la maternidad como una meta para las mujeres.
La Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo Adolescente (Enfadea) refleja que 34. por ciento de las mujeres mexicanas que tuvieron un embarazo en esta etapa lo deseaban; 43.3 por ciento quería esperar más tiempo pero sí estaba dentro de sus planes; y sólo 22.5 por ciento no deseaba un embarazo.
“Por eso hay que dar una educación sexual a nuestras hijas e hijos, reforzar la educación sexual en las escuelas y cambiar mentalidades: la sexualidad no tiene por qué ser un tabú. Muchas veces no se acercan a los métodos anticonceptivos por el temor al qué dirán sus familias o su misma comunidad”, señala Tinat, quien reconoce que los embarazos en niñas y adolescentes están relacionados con varias razones, una de ellas es que las parejas no creen que es posible embarazarse y por eso no usan anticoncepción; otra porque efectivamente sí hay un deseo de tener un bebé, o lamentablemente, por la violencia sexual.
Este último punto se ve exacerbado en los embarazos de niñas menores de 15 años que son sobrevivientes de violencia sexual, o bien, de matrimonios forzados. Un análisis realizado por Ipas México reveló que siete de cada diez niñas mexicanas entre diez y 14 años reportaron que el padre de sus hijos tenía entre 18 y 78 años.
“En este país tenemos hombres adultos, mayores de treinta años, de hasta sesenta o setenta, teniendo relaciones con niñas”, asegura Alexis Hernández.
En Ipas analizaron los egresos hospitalarios en la población adolescente y observaron que en más de 90 por ciento de los casos eran niñas menores de 15 años que llegaron por causas relacionadas al embarazo: partos, abortos incompletos, abortos inducidos. Lo más preocupante era que estos casos lejos de reducirse, se estaban incrementando.
“En 2010 había 9 mil nacimientos en menores de 15 años y para 2016 hubo 11 mil 800. Si queremos cumplir la meta de erradicar el embarazo en niñas, primero tenemos que poner atención en erradicar la violencia sexual”, advierte el especialista.
La Enfadea reveló que una de las principales razones por las que las mujeres que iniciaron su vida sexual en la adolescencia temprana fue la unión conyugal, en muchos casos forzada, además de que la motivación para tener relaciones sexuales, en la mayoría de los casos, fue por convencimiento, coerción o violación. Entre más jóvenes las niñas y adolescentes, mayor rango de edad tenían los hombres con quienes iniciaron su vida sexual.
Las mujeres que se embarazan a edad temprana suelen reportar presencia de violencia sexual en la infancia. Indican que alguno de sus familiares tocó alguna de sus partes íntimas o que las forzaron a tener relaciones sexuales, señalando como los principales agresores a tíos, primos, hermanos y padrastros.
“Hay una falta de credibilidad por parte de las autoridades o de la misma familia cuando las chicas refieren que han sido violadas, se hace mucho más complejo cuando se trata de niñas. Urge que las autoridades implementen acciones preventivas y que se otorguen los servicios de salud adecuados para prevenir y garantizar la interrupción del embarazo en caso de violación como lo señalan las leyes”, dice en entrevista Viridiana Gutiérrez, integrante del Grupo de Referencia Local y Nacional de la Sociedad Civil de la Iniciativa Spotlight en México.
En octubre, Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), señaló que en 2020 se registraron 8 mil 876 embarazos en niñas entre 10 y 14 años.
“Es urgente redoblar esfuerzos para garantizar los derechos humanos de niñas y adolescentes para evitar un embarazo y restituir los derechos de quienes están embarazadas o quienes ya son madres”, dijo en el conversatorio “Niñas, no madres: proteger los derechos de las niñas y adolescentes en México”.
El costo del embarazo adolescente
Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, acompañó a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en la implementación de una estrategia que busca reducir la violencia contra las mujeres en el estado, con énfasis en erradicar los matrimonios infantiles y la violencia sexual relacionada con esta práctica.
“Una de cada tres mujeres guerrerenses han sufrido alguna forma de violencia y concretamente han contraído matrimonios siendo menores de edad. En 2019, Guerrero ocupó el primer lugar nacional por el porcentaje de matrimonios de mujeres jóvenes de 15 a 19 años”, señaló Sanz.
La representante explicó que las mujeres que son forzadas a contraer este tipo de matrimonios tempranos enfrentan consecuencias como dejar sus estudios o afectaciones a su salud.
“Los embarazos precoces son una de las principales causas de muerte en las niñas a nivel mundial”, indicó.
El 21 de octubre de 2019 fue el evento de inauguración del Primer Taller de la Iniciativa Spotlight en el estado de Guerrero. Viridiana Gutiérrez, es integrante del Grupo de Referencia de esta iniciativa en esta entidad, donde siguen ocurriendo matrimonios forzados de niñas y adolescentes.
“Las edades generalmente oscilan entre los nueve y los 14 años, cuando las niñas todavía no tienen ni siquiera su primera menstruación, y aparece también el concepto patriarcal de la virginidad. Las mujeres viven episodios de mucha violencia porque, de por sí las adquirieron a través de un intercambio y quienes pagaron se sienten dueños de su vida y de sus cuerpos”, lamenta.
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), en su informe sobre las Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México, asegura que el impacto económico total del embarazo en adolescentes para la sociedad, calculado por la pérdida de ingresos y empleos, es de casi 63 mil millones de pesos y más de 11 mil millones de pesos de pérdida de ingresos fiscales que representan .27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Hernández, representante de Ipas, reconoce que México tiene una tradición de consolidar políticas públicas especializadas para la salud sexual y reproductiva.
“Es un referente en América Latina”, recalca. En ese sentido, menciona los avances legislativos que se han tenido en las últimas dos décadas, pero insiste que hay que trabajar con más fuerza en su implementación.
Por ejemplo, la NOM-047-SSA2-2015, creada para garantizar la atención integral a la salud de la población adolescente, incluida la sexual y reproductiva, obliga al personal de salud a otorgar métodos anticonceptivos y consejería sin que las y los jóvenes tengan que ir acompañados por algún adulto.
Pese a la existencia de la norma, la Enfadea reportó que a 13.4 por ciento de las mujeres adolescentes que solicitaron la orientación les fue negada. La principal justificación del personal de salud fue que no tenían edad para usar anticonceptivos, así como también el desabasto de los métodos.
“Hay brechas importantes, históricas entre estados. Incluso hay pérdidas de recursos destinados a este fin que se pierden por cuestiones de corrupción o poca transparencia”, comenta Hernández.
Por su parte, Karine Tinat insiste en que desde la primaria es urgente garantizar el acceso a una educación temprana, capacitar a docentes, ofrecer pláticas a los padres y madres de familia y acercar información a pueblos y comunidades.
“Es urgente generar un cambio de mentalidades para que las niñas y adolescentes puedan tener acceso a una vida libre de violencia”, declara.
(milenio.com)
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