El pasado miércoles 13 de octubre, tres miembros de una familia de origen afgano arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para solicitar asilo político, pasaron 25 horas retenidos en la estación migratoria por el Instituto Nacional de Migración quienes les informaron que sin derecho a una entrevista con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) serían enviados de vuelta a Asia en el vuelo 181 de Turkish Airelines, que salió de México a las 9:55 de la mañana del jueves.
Ante esta situación, que no se apega a lo establecido en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) extendió su apoyo y promovió un amparo para suspender la deportación, misma que pone en riesgo la vida de los solicitantes, tratándose de una mujer con siete meses de embarazo, su esposo y una tercera persona cuyas identidades no se revelarán a fin de su protección.
Cabe mencionar que el Artículo 6 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece que “ningún solicitante o refugiado podrá en modo alguno ser rechazado en frontera o devuelto de cualquier forma al territorio de otro país donde su vida peligre… o en donde existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En entrevista con MILENIO, Miriam Gonzaléz, coordinadora de Comunicación del IMUMI, detalló que la familia logró comunicarse con una amiga que radica en México y ella a su vez contactó a una abogada de Estados Unidos, quien canalizó el caso con la Asociación Civil mexicana. Pero el problema al que se enfrentan siempre que ocurre algo así, es que la respuesta judicial es muy tardada y aunque el vuelo hizo escala en Cancún por unas horas, la esperanza de contar con la sentencia de suspensión antes de salir de México, se esfumó.
El amparo al que esta casa editorial tuvo acceso reclama la privación ilegal de la libertad de los migrantes, la emisión e intento de ejecución de un acta de rechazo u orden de deportación sin fundamento, la incomunicación a la que fueron sometidos, la omisión en la obligación de las instituciones de garantizar un derecho a la defensa efectiva que implicó: la ausencia de garantía de representación legal oportuna, la ausencia de autorización de acceso regular al país en tanto que cuentan con una residencia vigente, así como la ausencia de notificación consular que permitiera garantizar los derechos de los quejosos.
La Cancillería, en coordinación con las autoridades correspondientes, ha atendido la situación de una familia de nacionalidad afgana que desea ingresar a México.
Las acciones al respecto, conforme a la normativa, se han informado directamente a las personas interesadas.
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 15, 2021
Hasta este punto, ninguna autoridad Federal se había pronunciado sobre el caso que cobró gran auge en redes sociales gracias a la denuncia de IMUMI. Miriam González, agregó que sin resolución al amparo que se promovió, a la familia no le permitieron descender del avión en Cancún y finalmente partió con destino al Aeropuerto Internacional de Estambul, donde les retuvieron las Visas a la espera de una respuesta contrarreloj antes de que los trasladen hacia Afganistán.
Este martes, pasadas las 15:00 horas, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sin dar detalle que en coordinación con las autoridades correspondientes ya atendió la situación y que “conforme a la normativa”, ya se informó directamente a los interesados de las acciones al respecto.
Sin embargo; IMUMI remarcó que el caso de esta familia no es el único, ni es un caso aislado “es más bien el ejemplo de lo que hace reiteradamente el Instituto Nacional de Migración”, aseveró, pues casi siempre es el mismo modo de operar: decidir que los documentos son falsos, detenerlos, incomunicarlos y ponerlos en un vuelo de regreso. La mayoría del tiempo es difícil saber de los casos ante la incomunicación.
“Este caso y los casos que hayas escuchado se logran hacer públicos porque de alguna forma las personas logran comunicarse con alguien en el exterior y entonces empieza este proceso de gestión”.
No es secreto lo que está pasando en Afganistán, que esta familia retorne a su país de origen implica que no podrán volver a salir tan fácil, más allá del desembolso económico que representa dejar un país y trasladarse a otro continente.
“Son claras las necesidades de protección que tienen las personas en Afganistán y el hecho de que las hayan rechazado aquí en México y no les hayan dado oportunidad de que COMAR las entrevistara y pudiera evaluar el caso es grave, esto nunca debió suceder”, advirtió Miriam.
(milenio.com)
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