La muerte de Luis Fernando Montes de Oca, estudiante de medicina, expone los riesgos que enfrentan los estudiantes al hacer su servicio social en México.
Después de trasladar en ambulancia a una mujer con complicaciones de parto, el joven estudiante Luis Fernando Montes de Oca iba de regreso al hospital donde realizaba su servicio social. Mientras viajaba por la carretera de Zacatecas a Jalisco, él y el chofer de la ambulancia fueron interceptados y asesinados a balazos. Horas después los encontraron junto a la unidad incendiada. El evento de inmediato indignó a la sociedad, al sector médico y a los estudiantes de medicina que exigen una respuesta a las autoridades. “Sentimos mucha impotencia y decepción con la sociedad. Estudiamos para ayudar a la población y por soñar con ser médicos nos terminan asesinando. Luis estaba a solo tres semanas de concluir su servicio social para titularse como Médico General”, comenta a DW el vocero del Movimiento Estudiantil UAG y del Colectivo #JusticiaParaLuis, quien por motivos de seguridad prefiere no dar su identidad.
También asegura que no conocen algún estudiante de medicina que no haya sufrido un hecho relacionado con la violencia durante este periodo de su preparación. Explica que no es algo nuevo, solo que, en la actualidad, con las redes sociales, los casos se vuelven públicos y no quedan archivados.
“Envían a los estudiantes de medicina a zonas de alta peligrosidad donde el crimen es el que manda. Incluso el acceso al lugar es complicado, se tiene que llegar en burro o vehículos todo terreno para poder entrar. El gobierno se ha aprovechado de los médicos de servicio social, sobre ellos recae la responsabilidad de ofrecer salud. Van sin apoyos de logística, incluso el estudiante pone de su propio dinero para comprar medicamentos e insumos”, agrega el vocero del colectivo #JusticiaParaLuis.
Nadie asume responsabilidad
Por su parte, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), institución donde estudiaba Luis Fernando Montes de Oca, lamentó el fallecimiento. El Estado no se ha pronunciado al respecto. Ambos hechos son calificados como “tibios” y encolerizan al sector salud, el cual en últimas fechas ha multiplicado esfuerzos al exponer su vida en la emergencia sanitaria del coronavirus en el país.
“La universidad se ha mantenido distante, no ha sido solidaria. Después de la muerte de Luis, convocamos a llevar pancartas para protestar y no nos dejaron ni siquiera colgarlas con la excusa de que dañaríamos las paredes”, agrega el vocero del Movimiento Estudiantil UAG. Fue en los años treinta que en México se implementó el Servicio Social con la participación de los universitarios; y hasta el día de hoy no se ha modificado su regulación en el área de la medicina. “Se han tenido acercamientos, desde hace 10 años, a raíz de las preocupaciones de los estudiantes. No se ha llegado a nada e incluso se asignan plazas sin retribución becaria. Lo único que pedimos son pasantías dignas”, comenta en entrevista con DW José Francisco Gómez Zapata, Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación.
El acceso a la salud en territorio mexicano
Por la situación de violencia que se vive en el país, los estudiantes de medicina piden la opción de hacer su servicio social en una fábrica, empresa o prolongar su residencia un año más en los hospitales. También piden una reforma en que se cumplan los plazos estipulados desde un inicio: “Es necesario que los estudiantes solo cumplan con el tiempo de seis meses y que se envíen a zonas seguras. Las universidades asignan las plazas que reciben del gobierno, pero nadie se hace responsable ante un hecho de violencia”, agrega Gómez Zepeda. Aún falta reconocer por parte del Estado y las Secretarías de Salud locales el peligro que viven los jóvenes durante este periodo de la carrera.
Sobre el tema, la organización humanitaria Médicos sin Fronteras platica con DW de su labor en territorio mexicano y las situaciones de violencia a las que se enfrentan: “Hace mucha falta la presencia de la Secretaría de Salud, desde hace años faltan médicos y las brigadas móviles no llegan, son irregulares y se ven afectadas por los incidentes violentos. En los diferentes lugares donde trabajamos, siempre lo hacemos de la mano del personal de salud, pues nuestro objetivo es apoyar a la Secretaría. Sabemos que muchos médicos y enfermeras no son de la población y hemos encontrado casos en que han tenido que irse porque han sido amenazados por los grupos criminales o viven situaciones de alta inseguridad. Estos lugares se quedan desprotegidos y la población vive muchas carencias, pues son comunidades alejadas; el costo de salir de ahí es alto y en muchos casos las comunidades están confinadas por fronteras invisibles de otros grupos armados”, comenta Laura Gómez, coordinadora de proyecto en Médicos sin Fronteras para los estados de Guerrero y Michoacán.
“Nosotros llegamos a lugares donde la propia Secretaría de Salud no puede llegar por la situación de conflicto. Lo logramos hablando con todos los actores necesarios, desde la neutralidad, no tomamos partido, nos hacemos conocer por nuestras actividades. Vamos solos y por nuestra parte, hacemos nuestras evaluaciones. Antes de llegar a cualquier lugar conseguimos todos los contactos necesarios, esto quiere decir, líderes sociales, los comisarios o los encargados del orden, los sacerdotes, profesores, grupos armados legales e ilegales. Hablamos con la mayor cantidad de gente posible que tenga que ver con la zona para comentarles sobre nuestras actividades y nuestro interés de brindar servicios de salud. El Estado debe reforzar su presencia en estas comunidades que han estado abandonadas por años, y es ahí donde los médicos tienen que huir por la violencia”, concluye Laura Gómez, de Médicos sin Fronteras en México.
(dw.com)
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