La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 29/2021 al gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, y a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de la entidad, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, por violaciones a los derechos humanos, así como por falta de debida diligencia y omisiones en agravio de una mujer víctima de violencia institucional y de género.
La CNDH recibió un recurso de queja por parte de la víctima, en el que documentó que, a pesar de ser reconocida como víctima de violaciones a derechos humanos con motivo de la emisión de recomendaciones por parte de la CEDH y la Comisión Nacional, no ha recibido una reparación integral de sus derechos humanos, ni se le han otorgado las medidas de ayuda y asistencia inmediata por parte de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas de San Luis Potosí (CEEAV-SLP).
La víctima expresó que, en vez de recibir ayuda, por el contrario, se consideró que como represalia por las acciones legales emprendidas para exigir sus derechos, ha recibido trato discriminatorio, negligente e inadecuado por parte de personas servidoras públicas de la Comisión Estatal.
Por ello, la CNDH dirigió seis puntos recomendatorios al gobierno San Luis Potosí y cinco más a la CEDH, entre los cuales destaca:
- Que se proporcione de manera inmediata las medidas de ayuda, asistencia y atención inmediata a la víctima.
- Se solicite la colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para la reparación integral del daño.
- Se inicien los procedimientos de investigación en materia de responsabilidades a las personas servidoras públicas responsables.
- Se incorpore una copia de la Recomendación en sus expedientes laborales y personales, y se adopten las medidas administrativas necesarias.
Además, la CNDH dará aviso de esos hechos a la legislatura del estado de San Luis Potosí, para que de acuerdo a sus facultades (y si lo considera procedente), hagan comparecer a las autoridades responsables y a la actual presidenta de la Comisión Estatal, a fin de que se garantice la protección y eficacia del sistema no jurisdiccional de los derechos humanos y del sistema de atención a víctimas.
(milenio.com)
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