La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), Laura González Hernández, lamentó que el Instinto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex) reconozca que hay un índice tan alto de corrupción y no lo haya atendido o llevado hasta sus últimas consecuencias, pues esto habla de hay un problema de fondo.
Luego de que el titular de la dependencia, Luis Miguel Sánchez López, compartiera con MILENIO Edomex que de cada 10 unidades económicas que inspeccionan al menos cinco ofrece algún tipo de dádiva para que los dejen operar en caso de tener alguna irregularidad; González Hernández indicó que la aplicación de la ley, supervisión, control y castigo de los actos de corrupción es responsabilidad y obligación de la autoridad gubernamental.
“Que trasladen culpas por los supuestos ofrecimientos o sobornos, no resta su obligación de hacer que se aplique la ley. Si todos los estudios de corrupción hablan de que somos la entidad con mayor incidencia, se debe sin duda a un problema no resuelto del ámbito administrativo y burocrático”.
Más allá de culpar a los empresarios -dijo- debe haber una propuesta o acciones de parte del Inveamex y las dependencias estatales para evitar que la mitad de sus inspectores sean supuestamente “sobornados”.
Apuntó que es un descrédito al sector lo que el Instituto está haciendo y es importante que presente las evidencias, pero más alarmante que no se esté haciendo algo al respecto y ante la autoridad competente.
“Estas acusaciones no ayudan ni abonan a un ambiente de confianza para proteger la inversión y el empleo. Ojalá también publiquen cuántos de esos supuestos sobornos se concretaron y por qué no se han hecho acciones al respecto, la autoridad correspondiente debería tener la capacidad de evitar esta situación. Si se toma en serio el asunto debería haber verificadores en la cárcel y negocios cerrados definitivamente”.
Propuso que se tome en serio el sistema de preverificación, donde se les haga saber a las empresas en qué fallan y lo corrijan antes de que llegue la nueva verificación, en caso de no cumplir que reciban la sanción correspondiente, “si lo resuelven en tiempo y forma no debe haber multas y menos corrupción”.
Por último, González Hernández enfatizó que este tipo de declaraciones solo evidencian que existen muchas fallas de fondo que pudieran estar provocando la corrupción, “que yo no puedo reconocer porque la realidad es diferente y porque no muestra las pruebas. Es una ofensa para el sector que se acuse sin evidencias y más siendo la autoridad la que acusa públicamente”.
(milenio.com)
Notas Relacionadas
About The Author
