Las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel calificaron como un retroceso, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le haya ordenado al Instituto Nacional Electoral devolverle la candidatura a dos personas de Morena que cuentan con una sentencia por violencia política de género.
“Por supuesto, no comparto el criterio de las y los magistrados el día de ayer, me parece que es un retroceso a la violencia política que sufren las mujeres cuando participan en los procesos electorales”.
Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que el INE debía devolverle la candidatura a Manuel Guillermo Chapman Moreno y Ana Elizabeth Ayala Leyva, presidente municipal y tesorera de Ahome, Sinaloa, quienes violentaron a una síndica, pues la sentencia en su contra confirma que cometieron violencia política de género, pero no les retiraron el modo honesto de vivir y el INE no tiene facultades para determinarlo.
Humphrey recordó que el INE aprobó la medida 3de3 contra la violencia que incluía determinar que quienes tienen una sentencia en este sentido no tienen derecho de participar en el proceso electoraL, medida que no fue impugnada por ningún partido político, por lo que se dijo en desacuerdo con la decisión del TEPJF.
“Tuvo otras ocasiones la Sala Superior para determinar, en su caso, que solo las autoridades jurisdiccionales podían analizar y, en su caso, determinar si una persona cumplía con todos los requisitos de elegibilidad, y en este caso concretamente el de modo honesto de vivir.“Nosotros hemos estado animando, fomentar esta cultura de la denuncia, y espero que esto no sea un revés para las mujeres que han denunciado en este proceso electoral violencia política en razón de género, derivado de que la consecuencia última es, justamente, elevar el nivel de representación de las personas que ocuparán un cargo de elección popular, en este caso, de diputadas y diputados. Y claramente esperar hasta contar con este criterio o esta sentencia de los órganos jurisdiccionales detiene todo este proceso”.
Agregó que de los 65 casos registrados en el padrón de violentadores, solo el 12 por ciento tiene especificada la pérdida del modo honesto de vivir, por lo que insistió en que la finalidad era “lograr que personas violentadoras, porque también son hombres y mujeres no ocupen esos espacios. Ahora tenemos que acatar la sentencia aunque no compartamos los criterios”.
Ravel agregó que se trata de un tema preocupante porque “nosotros tomamos esta determinación novedosa, realmente fue uno de los temas innovadores en este proceso electoral para garantizar que los mejores perfiles llegaran a los cargos públicos y eso implicaba que no tuvieran antecedentes de violencia política contra las mujeres por razón de género”, pero la sentencia de ayer no coincide con esta convicción.
“Esto nos lleva al inicio, a que si no tenemos una sentencia en donde nos digan expresamente que una persona no puede ser candidato o candidata, entonces, no podríamos nosotros llegar a una determinación distinta a pesar de que hagamos, por ejemplo, estas verificaciones para revisar si, efectivamente, las personas nos dijeron la verdad en los formatos 3 de 3”.
(milenio.com)
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