La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la morenista Aleida Alavez advirtió que mientras no existan mecanismos de control seguirán en aumento los ataques cibernéticos a la población en general, entre la que se encuentran ciberbullying, cibergrooming, robo de identidad y el sexting.
“Esos riesgos seguirán al alza mientras no existan mecanismos de control para evitarlos, por lo que resulta ser una necesidad imperiosa la salvaguarda de la integridad de las personas y en específico de los menores, que con mayor frecuencia son víctimas de redes de pederastas y extorsionadores, o los hacen más vulnerables frente a amenazas como pornografía, secuestro y desaparición forzada”, agregó.
De acuerdo con estadísticas del Inegi, en 2019 más del 25 por ciento de mexicanos entre 12 y 19 años fueron víctimas de ciberacoso, riesgo que es aún mayor en mujeres en dicho rango de edad y del cual generalmente no conocen la identidad de su atacante. Además, el 40.3 por ciento de las mujeres de 12 años recibió insinuaciones o propuestas sexuales, y el 33 por ciento de los hombres víctimas de ciberacoso recibió mensajes ofensivos.
Durante el parlamento abierto virtual “Análisis de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Ciberseguridad”, la diputada señaló que se analiza la propuesta de dictamen que reforma la actual fracción XXIX-M del artículo 73 constitucional, a fin de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de ciberseguridad y sentar las bases para la creación de un marco normativo dinámico para salvaguardar la seguridad cibernética de las y los mexicanos.
La enfermedad de COVID-19 y el necesario resguardo de la población a la mayor escala posible, mencionó, vino a impactar de manera trascendental en el uso de tecnologías, siendo el único mecanismo viable para la comunicación de masas y celeridad de respuesta, lo que trajo ciberataques más constantes que revelan la clara necesidad de regular en materia de ciberseguridad.
Pablo Bello, director de Políticas Públicas de WhatsApp para América Latina (Facebook), indicó que la erosión en la confianza de las tecnologías digitales podría llevar a los usuarios a no usar Internet o abandonar servicios y tecnologías con consecuencias políticas, sociales y económicas.
Consideró necesaria la construcción de un ecosistema de ciberseguridad que involucre Gobierno, instituciones de seguridad pública, comunidad técnica, sociedad civil, empresas y medios de comunicación. “Todos somos corresponsables de proteger nuestra seguridad en el ciberespacio”.
El director general en Alternativa Digital, S.A de C.V, Emilio Saldaña Pizu, llamó a que los ciudadanos cuenten con mayores opciones para participar en el diseño de las políticas públicas, sin que la moneda de cambio sea la privacidad, los datos personales ni mucho menos la posibilidad de ser víctimas de algún tipo de delito informático o dentro del ciberespacio.
Pablo Corona Fraga, de Normalización y Certificación NYCE, S.C., explicó que algunas conclusiones a las que se han llegado para tener una regulación son: no criminalizar el uso o posesión de las herramientas, sino las conductas antisociales en las que se pueden utilizar y, por tanto, la tipificación de los delitos debería estar asociado a esto y no al uso o la posesión.
Leobardo Morelos Chávez, vicepresidente del Comité de Seguridad de American Chamber of Commerce of México AC, precisó que algunas recomendaciones para una estrategia de ciberseguridad son considerar al sector público, privado y social, así como la creación o designación de un ente gubernamental encargado de la coordinación y desarrollo de la estrategia; diseñar una ley específica con un catálogo de delitos, armonizar el marco jurídico respectivo y la asignación de autoridades competentes que procuren justicia, entre otras.
Jimena Mora Corredor, directora jurídica de Propiedad Intelectual y Seguridad Digital para Latinoamérica en Microsoft, consideró importante crear una agencia nacional de ciberseguridad, con el objetivo de evitar duplicar recursos y priorizar los mismos, y especificar cuáles serán sus alcances, obligaciones y estructura.
Cinthya Solís Arredondo, socia directora del despacho Lex Inf, especialista en derechos y ciberseguridad, destacó la importancia de crear órganos colegiados que se encarguen de velar por la seguridad nacional. Ana de Saracho O´Brien, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, dijo que la ciberseguridad se refiere, hablando de delitos, estrictamente a los que se comenten en contra de ciudadanos comunes y corrientes y a veces en menores de edad, en donde se ve vulnerada su información, datos personales, y su seguridad, lo que ha llevado hasta el suicidio a muchos adolescentes en temas de ciberbullying.
El vicepresidente del Grupo de Trabajo de Ciberseguridad de la Coparmex, Óscar Lira Arteaga, propuso agregar el artículo 190 Bis 1 a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que el Ministerio Público, cuando esté investigando un ciberdelito, pueda solicitar a proveedores de servicios información de la dirección IP y tener el origen de la comunicación.
“El problema es que no se está persiguiendo a los delincuentes y hoy ellos están haciendo mejores negocios que la delincuencia organizada”, dijo Lira.
El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo mencionó que este tema ha evolucionado de ser un problema de seguridad internacional a uno de seguridad personal. “Lo que se está planteando es una legislación en redes sociales y en la esfera internacional una convención que debe ser firmada por todos los Estados”.
(milenio.com)
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