Buenos Aires.- La situación judicial del jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, y del vicepresidente Amado Boudou, se complicó con sendos fallos en su contra, en medio de las campañas con miras a las elecciones presidenciales de octubre.
La Cámara Federal rechazó el pedido que había realizado Macri para ser sobreseído de una causa en la que está acusado de haber formado parte de un sistema ilegal de espionaje en esta capital.
El vicepresidente argentino, en tanto, quedó a un paso de ser enviado a un juicio oral y público en la causa en la que se le imputan delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el caso de Macri, la decisión afecta de manera particular al jefe de Gobierno, ya que es uno de los candidatos que lidera las encuestas y que puede convertirse en el sucesor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su máxima rival política.
La crisis política de Macri comenzó en 2009, cuando la justicia demostró que Ciro James -entonces empleado de su gobierno-, había montado una red de espionaje telefónico en la que también participaba Jorge Palacios, exjefe de la Policía Metropolitana.
El excomisario Palacios, quien siempre fue defendido por Macri, dejó el cargo acosado por las denuncias de haber entorpecido la investigación de un ataque terrorista sufrido en Buenos Aires en 1994, pero su sucesor en la Policía, Osvaldo Chamorro, también quedó involucrado en la red de espionaje.
Conforme avanzaron las investigaciones, el juez Norberto Oyarbide procesó a Macri al considerar que había participado en el espionaje ilegal que afectó a políticos y a representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La justicia envió entonces a juicio a Palacios, a James y al exministro de Educación, Mariano Narodwski, pero no a Macri, pese a lo cual siguió y seguirá procesado en medio de su campaña por la presidencial.
Por otra parte, el caso de Boudou comenzó en abril de 2012, cuando un programa de televisión denunció que -quien había sido ministro de Economía- aprovechó su cargo para rescatar financieramente a la imprenta Ciccone, que estaba en quiebra.
Según la investigación, el vicepresidente compró, con el apoyo de prestanombres, parte de la empresa y logró que obtuviera contratos millonarios para la impresión de billetes y boletas electorales con el Estado y con el partido gobernante, el Frente para la Victoria.
Desde entonces su carrera política entró en un declive, aunque, pese a las demandas de la oposición, la presidenta lo mantuvo en el gabinete.
Este martes, la Cámara Federal dejó firme el procesamiento de Boudou al vencer el plazo para que su defensa impugnara la decisión, por lo que ahora sólo resta que el juez Ariel Lijo fije la fecha de inicio del juicio en su contra.
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