A fin de transparentar los recursos que reciben los grupos parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso de la Unión antes que concluya la actual legislatura, diputados panistas pidieron derogar el artículo decimotercero transitorio de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunciaron por que esta “legislatura histórica” continúe sentando importantes precedentes, ahora en la rendición de cuentas.
Los grupos parlamentarios son destinatarios de grandes sumas de recursos públicos, mismos que de acuerdo con los más recientes informes de la Auditoría Superior de la Federación no comprueban la razonabilidad en su gasto, ni su buen uso, dado “el escaso acceso a la información”, señalaron.
“No cabe que los legisladores nos otorguemos plazos extraordinarios, distintos a los que aplican al resto de los sujetos obligados”.
“Si la Ley tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública y transparentar las decisiones, costos y recursos de todos los sujetos obligados a partir de su entrada en vigor, no tiene por qué ser diferente para el Poder Legislativo Federal”, explicaron.
Según este artículo transitorio de esta ley, continuaron, la LXII Legislatura queda fuera de lo dispuesto en los artículos 70 y 72 que lo señala como sujeto obligado a dar detalle sobre las contrataciones en todas sus áreas.
Así como un informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.
“La información en manos de la LXII Legislatura debe de ser tan pública como la de cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 1° de la Ley en comento.
“Si el Congreso de la Unión pretende ser la materialización del principio democrático y la democracia consiste en hacer público lo público, hagamos público al Congreso para su democratización”, argumentaron.
A través de una iniciativa con proyecto de decreto, los legisladores del PAN recordaron que los recursos ejercidos por los grupos parlamentarios se han incrementado anualmente, en promedio, 27.7 por ciento en el Senado y 35.4 por ciento en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, dijeron que la ASF en su informe acusó que la opacidad con la que se ejercieron dichos recursos no permite evaluar la razonabilidad del gasto ni comprobar si los recursos se utilizaron para, en efecto, llevar a cabo labores de carácter legislativo.
Insistieron en que el transitorio Decimotercero señala que para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas que refiere la nueva Ley, cada Cámara del Congreso aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un “programa de reorganización administrativa” que debería aplicarse en el momento mismo de la entrada en vigor de la Ley.
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