Senadores del PAN propusieron reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de evitar casos de sustracción de menores de edad a otros países, como sucedió hace unos días con una adolescente de Guanajuato.
Los senadores Juan Carlos Romero Hicks y Pilar Ortega Martínez presentaron una iniciativa con proyecto de decreto, que pretende incluir en dicha legislación la restitución internacional de menores de edad.
Las modificaciones planteadas es para que la ley general cuente con un apartado normativo que permita, en el ámbito de sus competencias, que todas las autoridades involucradas en un proceso de restitución puedan coordinarse, explicaron en un comunicado.
En primer término plantea garantizar que el interés superior de la niña, el niño o adolescente sea salvaguardado en todo momento; se respeten los derechos procesales, familiares y especiales de menores de edad, al tiempo que se tutelen los derechos y obligaciones de los progenitores, indicó la legisladora federal.
En las adiciones a la propuesta planteada por los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) se plantea establecer medidas y procedimientos que contribuyan a contar con información suficiente respecto a la identidad de la persona sustraída o retenida.
Asimismo requiere contar con información pertinente relativa a la presunta ubicación del menor de edad, garantizar su restitución voluntaria o facilitar una solución amigable, añadió Ortega Martínez.
También a conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluida la participación de un abogado; indicar las medidas indispensables para hacer efectivo el retorno, y proteger la seguridad e integridad de la niña, el niño o adolescente.
Romero Hicks, también presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, puso como ejemplo el caso de una adolescente que vivía en Guanajuato y que por una orden judicial fue trasladada a Estados Unidos para responder en un juicio de maternidad.
Es claro que en ese hecho, pese a que se cuenta con tratados internacionales suscritos en la materia y un marco jurídico nacional, no se le garantizó a la menor de edad que no fuera llevada a Estados Unidos sin las debidas pruebas.
Aunque en el marco jurídico mexicano en la materia se establece la obligación de las autoridades para garantizar el interés superior de la niñez, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades mexicanas carecieron de protocolos o lineamientos de actuación en la materia.
La senadora Pilar Ortega señaló, a su vez, que debido a este caso se considera necesario fortalecer el orden jurídico nacional, con la finalidad de establecer principios básicos de actuación para todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno que intervengan en un procedimiento de dicha naturaleza.
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