Es necesario adoptar mecanismos institucionales que permitan la participación ciudadana en la planificación y evaluación de la actuación policial en México y contar con diagnósticos confiables de la situación general y del desempeño de todas las corporaciones policiales, según un estudio.
El análisis elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, “La seguridad en los municipios: los términos del debate actual”, indica que esos dos elementos podrían servir para orientar las labores de mejora de la seguridad en ese orden de gobierno.
Dicho reporte recoge los argumentos vertidos en el debate público que se ha realizado en el Senado sobre la iniciativa de reforma constitucional, presentada el 1 de diciembre de 2014 por el Presidente la República, la cual propone la creación de policías estatales únicas y la intervención federal por infiltración del crimen organizado en los municipios.
Destaca que la mayor coincidencia entre los participantes fue la importancia de establecer mecanismos de participación de la sociedad civil tanto en el diseño de las fuerzas policíacas como en la evaluación de su desempeño.
Asimismo menciona que son escasas las instituciones policiales en México que cuentan con mecanismos que permitan la participación ciudadana en la planificación y la evaluación de su desempeño, por lo que es fundamental analizar a mayor profundidad este tema, así como de impulsar su adopción práctica.
En este sentido, recomienda facilitar la participación de la sociedad y de las instituciones policiales en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de seguridad y la justicia.
También establecer protocolos de interlocución entre los ciudadanos y el personal policial, además de protocolos de actuación y operación de los cuerpos de seguridad.
Del mismo modo propone llevar a cabo recorridos regulares de los policías por calle, colonia o barrio, a fin de explicar a la ciudadanía sus atribuciones y facultades, proveer datos de contacto del responsable del cuadrante y para conocer las necesidades, fortalezas y oportunidades de las comunidades.
El texto establece la obligación para el personal policíaco de involucrarse al menos 12 horas al mes en procesos comunitarios destinados a la recuperación, apropiación y utilización de espacios públicos y la mejora de la calidad de vida de las personas y las comunidades.
El reporte explica que en las discusiones que se han realizado en el Senado organizaciones y especialistas señalaron que la iniciativa parte del supuesto de que los gobiernos municipales son los únicos afectados por el crimen organizado, sin tomar en cuenta que éste se ha infiltrado en otros ámbitos de gobierno.
Aunado a ello afirma que la guerra contra el narcotráfico es una política federal, pero los gobiernos locales son los más afectados; el municipio se encuentra postrado no solamente ante la industria criminal, sino ante un sistema político-judicial que ha hecho posible que el crimen organizado tenga secuestrada a la política local.
Hace notar que la mayoría de los ataques criminales en contra de autoridades y líderes políticos locales se concentra en ocho estados que son Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Además puntualiza que castigar al municipio sin entender las responsabilidades del Estado en su conjunto llevaría a minar, más que a construir, un Estado democrático de derecho.
Notas Relacionadas
About The Author
