Para combatir la pobreza y promover el desarrollo social es necesario generar crecimiento económico a través de la inversión, aseguró Hugo Beteta, director de la Sede subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“No todo lo social se juega en lo social, de allí la pertinencia de revisar la política económica cuando se habla de política social”, dijo durante las sesiones semanales que la Cepal organiza para intercambiar ideas y propuestas sobre desarrollo y derechos económicos.
Beteta agregó que es necesario que cualquier ajuste fiscal, como los que llevan a cabo varios países de América Latina y el Caribe, debe considerar las posibilidades de desarrollo futuro.
Enfatizó la importancia del Coneval como una instancia imparcial de evaluación de la política de desarrollo social que es necesario preservar y fortalecer, cuya labor constituye un ejemplo de buenas prácticas y un referente obligado para toda América Latina.
En el mismo encuentro, Gonzalo Hernández Licona, secretario Ejecutivo del Coneval, presentó el “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014”.
En México, expuso, la reducción de la pobreza y la extrema pobreza no sólo son responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sino una tarea que compete a todo el gobierno federal.
Por ello, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) recomendará que los recortes presupuestales se hagan con metas claras.
Además, prepara un conjunto de recomendaciones que entregará a la Secretaría de Hacienda con dos objetivos fundamentales: incrementar el acceso efectivo a los derechos sociales básico como salud, educación y alimentación, y reducir la pobreza extrema.
A fin de cumplir esos objetivos, Hernández Licona destacó que el Coneval realizará una revisión exhaustiva sobre qué tipo de programas son similares o presentan duplicidades para que, en caso de llevar a cabo recortes en el área social, se hagan en las áreas duplicadas.
Asistieron a la reunión, la coordinadora residente del sistema de Naciones Unidas en México, Marcia Castro, y otros funcionarios de los tres órdenes del gobierno, académicos y representantes de la sociedad civil.
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